La CUP Terrassa ha marcado una prioridad clara en su programa electoral: garantizar el derecho de acceso a la vivienda. Y para hacerlo, el partido presenta siete propuestas en esta materia, entre las cuales se encuentra condicionar los antiguos juzgados en viviendas de transición, crear una unidad de seguimiento de pisos vacíos en manos de fondos buitres, un nuevo Plan Local de Vivienda, o doblar el presupuesto de la unidad anti-desahucios. El candidato a la alcaldía, Jaume Bofill, junto con otros miembros de la lista, ha desgranado cada una de las propuestas en rueda de prensa.
«Nos encontramos en una situación muy grave de emergencia habitacional», ha expuesto Bofill, tal como apuntan en un comunicado: «Terrassa se sitúa en primera posición en el vergonzoso ranking de aumento del precio del alquiler en toda Cataluña, con un aumento del precio del 11,39% respecto al año anterior».
El alcaldable ha puesto de manifiesto que «hay que parar los pies» a la especulación y a los fondos buitres, «porque mientras cada semana echan a 15 familias terrassenques de casa suya, en Terrassa hay 1.300 pisos en estado de abandono y los grandes propietarios acaparan 5.319 pisos, el 20% de los cuales están en manos de cinco empresas».
Siete propuestas de la CUP para garantizar el derecho de acceso a la vivienda en Terrassa
La primera propuesta de los ‘cupaires’ es el elaboración de un nuevo Plan Local de Vivienda. Apuntan que el último -que contendía medidas como la aplicación del 30% de Vivienda de protección oficial en nuevas construcciones- ha quedado «obsoleto», a pesar de ser » una de las promesas electorales de Txt y ERC».
En segundo lugar, la creación de una Mesa Municipal de vivienda con una participación de entidades en defensa del derecho a la vivienda, y dónde también tengan ve entidades sociales y vecinales.
La tercera propuesta es reclamar en la Generalitat la cesión del edificio de los antiguos juzgados para condicionarlo para Viviendas de transición. Por la CUP es «un recurso habitacional urgente y temporal por todas aquellas personas que se encuentran a la espera de una solución residencial estable».
En cuarto lugar, el aprobación inmediata del 30% de vivienda de protección oficial en nuevas promociones y grandes rehabilitaciones de más de 600 m².
En quinto lugar, la creación de una unidad de seguimiento de pisos en manos de fondos buitres para elaborar un censo de las viviendas que hace más de dos años que están vacíos. De este modo, la Agencia Catalana de la Vivienda podría iniciar el pertinente proceso de expropiación temporal.
La sexta propuesta es doblar el presupuesto de la unidad antidesahucios del Ayuntamiento de Terrassa, para «parar los desahucios mediante la intervención de los servicios sociales municipales y mediación entre las entidades bancarias y los afectados para conseguir alquiler social».
Por última, aumentar en un 10% el parque público de vivienda destinado a alquiler social y la creación de una bolsa de alquiler por jóvenes.
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