La asociación La Traca y la Plataforma per la Llengua han intervenido este viernes 31 de marzo en el pleno municipal de Terrassa con una propuesta de resolución «en defensa del derecho a hablar en catalán ante cualquier administración pública de la ciudad, contra la vulneración de los derechos que se sufre a la comisaría de la policía nacional de Terrassa, y en apoyo a la profesora de catalán que sufrió dicha vulneración».
La moción ha sido aprobada con los votos a favor de Tot por Terrassa, ERC y Junts, la abstención del PSC y el voto en contra de Cs.
Escrito íntegro leído al pleno de Terrassa
Exposición de motivos:
Plataforma por la Llengua y la TRACA – Coordinadora antirrepressiva de Terrassa queremos hacer mención a la grave vulneración de derechos vivida por parte de una vecina de nuestra ciudad a la comisaría de la policía nacional situada en la calle Baldrich de nuestra ciudad. Los hechos se produjeron el marzo del 2022 cuando una vecina de Terrassa, profesora de catalán de un instituto de la ciudad, fue a realizar unos trámites a la comisaría. Al dirigirse a los agentes en catalán, estos adoptaron una postura de desprecio y humillaron la profesora obligándola a hablar en castellano y advirtiéndola que si no lo hacía no lo atenderían ni la dejarían pasar.
La profesora, licenciada en filología catalana y francesa, hizo valer el uso de sus derechos lingüísticos y se quejó ante este abuso de poder. Con muchas dificultades, y obligada a hablar en castellano en numerosas ocasiones, finalmente pudo realizar todos los trámites por los cuales tenía cita por aquel día.
Aun así, al marchar, y ya fuera de comisaría, fue retenida por 4 agentes de la policía nacional que la llevaron de nuevo en el interior de la comisaría, y la denunciaron alegando falta de respecto a la autoridad y rechazo de identificarse (acusación que no puede tener cimiento teniendo en cuenta que hacía un trámite con cita previa para el cual ya se había identificado). Para denunciarla se valieron de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, la llamada “Ley Mordaza”.
Esta ley y uno de los artículos ha sido criticada por varios organismos internacionales como la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa que envió una carta a los presidentes del Congreso y del Senado indicándolos que el redactado que permitiría sancionar por falta de respeto o consideración, “podía ser fácilmente interpretado de manera arbitraria” y “tener un efecto disuasivo hacia la libertad de expresión”. Este artículo se ha utilizado también arbitrariamente para exigir a ciudadanos que no se expresen en catalán a pesar de que tengan derecho.
Después de ser sancionada por la policía nacional, la Conselleria de Interior instruyó las denuncia e hizo dos acuerdos de incoación de dos sanciones administrativas a través de la ley mordaza, que significaron una infracción leve con una multa de 100€ para faltar el respecto a los agentes de la autoridad, y una infracción grave con multa de 601€ para negarse a identificarse.
Ante esta situación, la defensa jurídica de la profesora ha formalizado una denuncia contra los agentes que protagonizaron esta situación, a los juzgados de Terrassa, por los delitos de coacción, delito contra la integridad moral, falsedad en documento público y detención ilegal, aunque el juzgado solo ha admitido la denuncia por el delito de falsedad documental.
Las entidades promotoras de esta propuesta consideramos estos hechos como mucho graves puesto que los agentes de la policía nacional de la comisaría de Terrassa provocaron unas situaciones completamente lamentables y del todo reprobables, como son impedir hacer un trámite a la comisaría, humillar la profesora exigiendo el cambio de lengua, denunciar la profesora posteriormente, detenerla y llevarla a comisaría y recoger en una denuncia hechos manifiestamente falsos.
Hay que añadir que las situaciones descritas vulneraron toda una serie de derechos lingüísticos, que se derivan de la legislación aplicable (se pueden consultar los cimientos jurídicos de la denuncia): Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias / Convenio de la Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales / Constitución Española / Estatuto de Autonomía de Catalunya / Ley Orgánica 4/2020, de Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de la Policía / Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal / Ley Orgánica 9/2015, del Régimen de Personal de la policía nacional /, Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común / Sentencia del Tribunal Constitucional 31/20109 / y Sentencia 772/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Por todos estos motivos, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Terrassa la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO – Condenar los hechos ocurridos, los daños ocasionados y apoyar explícito a la profesora de catalán y vecina de Terrassa afectada, mediante un comunicado público y un encuentro con la profesora para expresar este apoyo.
SEGUNDO – Solicitar una reunión con el comisario en ninguno de la comisaría de la policía nacional de Terrassa para expresar el malestar del ayuntamiento ante estos hechos y reclamar el respeto por la lengua catalana tal y como establecen las leyes lingüísticas del territorio catalán.
TERCERO – Pedir a la Consellería de Interior el archivo de este caso.
QUART – Solicitar a la Delegada del gobierno español en Catalunya que dote la comisaría de la calle Baldrich y todas las equipaciones de la administración central del Estado de personal capacitado para atender en catalán y que instale en todas estas dependencias carteles informativos visibles sobre el derecho de expresarse en ambas lenguas oficiales y de recibir respuesta en ambas lenguas oficiales.
QUINTO – Expresar un posicionamiento claro de defensa del uso del catalán ante cualquier administración pública de nuestra ciudad y velar porque hechos como los descritos no se vuelvan a repetir.
SEXTO – Que se notifique la propuesta de resolución a la comisión del Reglamento de usos lingüísticos del Ayuntamiento de Terrassa
El posicionamiento de los partidos al pleno de Terrassa
Una vez leída la moción, representantes de cada uno de los partidos políticos al Consistorio han intervenido. Desde Junts, la regidora Montserrat Caupena, ha mostrado su apoyo y solidaridad con la ciudadana afectada y se ha adherido a la moción en defensa de la lengua catalana y de la no discriminación por razones lingüísticas.
A su vez, Ciutadans, de la voz de su portavoz Isabel Martínez, ha argumentado que las sanciones por las cuales se ha presentado la denuncia «no tienen nada que ver con la lengua» (falta de respeto y negarse a identificar), recuerda que estos hechos tuvieron lugar hace más de un año y que «en ningún caso se negó a la persona realizar el trámite por el cual había ido a la comisaría». Desde Cs se cree que el Ayuntamiento no tiene que entrar en «un debate en el cual solo tenemos la versión de la persona afectada».
Desde ERC, la teniente de alcalde Teresa Ciurana ha manifestado su apoyo a la moción presentada y lo ha argumentado diciendo que los hechos denunciados «ponen de manifiesto la precariedad en que nos encontramos las personas que nos expresamos con catalán, lengua oficial». La republicana ha recordado que la denuncia por carencia de respecto a la autoridad vino derivada ante la exigencia de la ciudadanía al cumplimiento de su derecho lingüístico de ser atendida en su lengua. La regidora de Normalització Lingüística ha resaltado que «consideramos muy grave que una persona catalanohablante no solo no sea atendida en su lengua en la hora de realizar un trámite administrativo sino obligada a cambiar».
Por su parte, el PSC, en boca de Amadeu Aguado, ha expuesto que consideran que se tiene que dejar que los procesos judiciales hagan su camino, independientemente de la política, y que «se demuestre aquello que se tiene que demostrar». El socialista pero ha estado contundente: «es lamentable y muy grave los hechos denunciados, si realmente son ciertos. Creemos que lo que realmente se tendría que denunciar es el cumplimiento de la Ley Orgánica en que se defiende el derecho de manifestarse ante un estamento público en catalán, y no renunciar a él». Desde el PSC, afirman que «siempre hemos mostrado el apoyo a la lengua catalana, a las dos lenguas que tenemos en Catalunya, y sobre todo nuestro apoyo a la dignidad de las personas». Aun así han decidido que hasta que no haya la resolución judicial se abstendrán. «Si la resolución es afirmativa, no dudaremos en condenar el hecho y pedir y exigir que esto se normalice. No se puede permitir que quede en un cajón».
Finalmente, por parte de Tot por Terrassa, ha sido el teniente de alcalde Noel Duque quién ha expuesto la posición de su partido. Ha estado claro de inicio: «Votaremos a favor de los acuerdos. Creemos que cualquier persona tiene derecho a expresarse en su lengua si se dirige a una administración pública. Creemos que los servidores públicos tienen que tener la suficiente empatía y capacidad para adaptarse». Duque también subraya que se pidió hacer alguna enmienda a la moción, que no ha sido aceptada, aun así, «partimos que la historia es verdad, no tenemos duda, y estamos de acuerdo que se mantenga la dignidad de cualquier persona que se quiera expresar en catalán».
