Terrassa tendrá que tener un 10% de viviendas reservadas a alquiler social. Así se recoge en el nuevo Plan territorial sectorial de la vivienda (PTSH) que ha presentado la consejera de Territori, Ester Capella, este jueves 8 de febrero, y en el cual se ha hecho una modificación importante respecto al original. En el documento inicial, la Generalitat hablaba de dedicar un 7% de inmuebles a protección oficial, mientras que en el definitivo el porcentaje se ha incrementado un 3%. Esto podría parecer poco, pero en el cómputo global de todo el territorio catalán, supone 73.000 nuevos pisos que antes no se contemplaban.
Este aumento de hasta el 10% es de obligado cumplimiento para aquellos municipios que han sido categorizados como «áreas de demanda fuerte y acreditada». Estamos hablando de Terrassa, pero también de Viladecavalls o Castellbisbal. Una clasificación que se ha hecho teniendo en cuenta su peso demográfico y la relevancia territorial.
Capilla ha presentado el nuevo proyecto a los miembros del Consejo Asesor de la Vivienda de Catalunya, donde por primera vez había también convocados representantes de los movimientos sociales y del tejido asociativo vinculados a la vivienda, como el Sindicato de Locatarias, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Red de Economía Solidaria. Con esta aprobación provisional, el PTSH continúa su tramitación hasta la aprobación definitiva, con el objetivo que entre en vigor el 1 de julio de este mismo año.
Dificultados de acceso a la vivienda
Actualmente, en Catalunya, el parque de alquiler social está por debajo del 2%. La Generalitat apuesta porque en el plazo de 20 años, se haya pasado por encima del manantial en aquellos municipios con más dificultades de acceso de vivienda -un 1% más de la media de la Unión Europea-. Esto afecta a 163 municipios catalanes. De este modo, el objetivo fijado es de disponer de 275 mil pisos de alquiler social en el conjunto del país.
Capella reconoce que el 10% es «un objetivo de mínimos» para llegar a los «países europeos que ya han hecho los deberes». Pero es que aquí todo va lento. De hecho, este Plan hace 17 años que se está elaborando y esto quiere decir que de cuando se inició a ahora se han tenido que ir introduciendo modificaciones para «dar respuesta en las necesidades reales que tenemos como país ahora y en los próximos años».
El PTSH aprobado mantiene el Objetivo de Solidaridad Urbana, que busca que en 20 años se destinen como mínimo el 15% de las viviendas existentes a políticas sociales en las zonas de demanda residencial fuerte y acreditada.
Carencia de pisos de alquiler social en Terrassa
En Terrassa, entidades como la PAH y el Sindicat de Llogateres llevan años luchando porque se cumpla la reserva del 30% de las viviendas de nueva construcción a alquiler social. «Terrassa vive una situación de emergencia habitacional grave: 10 desahucios semanales, aumento constante de los precios de los alquileres y un parque público de vivienda insuficiente para acoger a las más de 111 familias que necesitan un piso de emergencia o las 5.180 que esperan una vivienda de protección oficial», clamaban en una intervención en el pleno municipal el año pasado. Este 30% está fijado dentro del Pla Local de Vivienda 2019-2025 aprobado por unanimidad y formaba parte del Plan de mandato 2019-2023 del gobierno de Tot per Terrassa y ERC.
Justamente, en el acto de presentación del Programa de Gobierno de 2023-2027, el alcalde Jordi Ballart anunció la creación de 5.000 viviendas de alquiler social en los próximos diez años. Esta es la cifra que el ejecutivo municipal trabaja y que, teniendo en cuenta la aprobación del nuevo Plan de la Generalitat, se verá obligado a cumplir si se quiere acercar al 10% de inmuebles de toda la ciudad.
