La profesora que fue vejada en la comisaría de la Policía Nacional de Terrassa podrá ser, finalmente, acusación particular. Así lo ha dictaminado la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha decidido revocar las resoluciones del Juzgado de Instrucción de Terrassa y admitir que la egarense se persone como acusación particular en la causa por falsedad documental contra dos de los agentes. Hasta ahora, el juzgado solo la consideraba como testigo, no como perjudicada.
Plataforma per la Llengua, que ha sido quien ha coordinado la estrategia legal y le ha facilitado la defensa, ha dado a conocer esta semana la resolución de los diferentes recursos interpuestos. La entidad había denunciado a los agentes que la habían coaccionado y detenido, con el pretexto de la Ley Mordaza, al Juzgado de Instrucción de Terrassa, por cuatro delitos; pero después de abrir diligencias, el juzgado había decidido continuar el procedimiento solo por dos delitos de falsedad documental y limitar la presencia de la víctima a la condición de testigo, dejando de lado las coacciones y la detención ilegal. Ahora, la Audiencia permite que pase a ser acusación particular.
Apoyo del Ayuntamiento de Terrassa
Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando la profesora de un instituto de la ciudad fue menospreciada por dirigirse en la lengua catalana a los agentes cuando iba a realizar unos trámites en la comisaría. La mujer fue multada con cerca de 700 euros por “faltar al respeto a los agentes y negarse a identificar”, algo que ella siempre ha negado. Además, la egarense presentó denuncia contra un subinspector y tres agentes por obligarla a hablar en castellano. A finales del mes de marzo del año pasado, el juez llamó a declarar a los cuatro implicados, investigados por un delito de “falsa denuncia”.
En Terrassa, el Ayuntamiento aprobó una moción de apoyo a la profesora y se produjeron diversas manifestaciones pidiendo explicaciones al CNP y exigiendo la retirada de los cargos. También desde el gobierno municipal se pidió reiteradamente una reunión con el máximo responsable de la comisaría. No hubo suerte.
Qué pasó en marzo de 2022
Según relata Plataforma per la Llengua, la profesora se encontró con que al llegar, un primer agente le dijo que solo le podrían renovar el DNI -y no el pasaporte- porque solo tenía una cita y, cuando ella le respondió, le exigió que hablara en castellano: «Tienes que hablar en castellano, porque estamos en España». La profesora no se opuso, pero cada vez que volvía a hablar en catalán de manera espontánea, el policía le exigía que cambiara al castellano.
Después de hacerse el DNI, con algún pequeño problema, y de salir de la comisaría, con el permiso de una funcionaria, para fotocopiar los pasaportes de sus padres, otro agente de policía, diferente del anterior, no solo no la dejó entrar, sino que le exigió que le hablara en castellano. Cuando la profesora se quejó, apareció un tercer agente que la presionó para que hablara en castellano con su compañero, porque, aunque, según dijo, él había nacido en Ibiza y sabía hablar catalán, su compañero no sabía. Este tercer agente, que estaba acompañado por algún policía más, también intentó convencerla para que volviera otro día con otra cita. Entonces, el agente que no la había dejado entrar le pidió que dijera en castellano la hora de la cita y, después de que ella accediera, dijo, con sarcasmo y en castellano: «Muy bien. Si es muy fácil, ¿verdad?».
La reacción de la ciudadana fue expresar que «aprender idiomas es algo bueno» y que «como funcionario, le vendría bien hacerlo»; esto enfureció al agente, que amenazó con sancionarla. Como ella explicó que lo estaba grabando todo para tener una prueba de la discriminación, la dejaron entrar para que terminara de tramitar las cartas de invitación. Sin embargo, cuando se iba, después de lamentarse de que los agentes no supieran catalán, el agente que antes le impedía volver a entrar en la comisaría, le quitó el móvil y la detuvo por «faltar al respeto a un agente de policía».
El agente explicó que la mujer se había negado a identificarse, y por eso se la llevaron al interior de la comisaría, para denunciarla. Para hacerlo se valieron de la Ley orgánica 4/2015, la llamada «Ley Mordaza», y la acabaron sancionando por dos infracciones: una leve, con una multa de 100€ por faltar al respeto a los agentes de la autoridad, y otra grave, con una multa de 601€, por negarse a identificarse.
