A juicio los dos agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Terrassa que vejaron a la egarense por hablarles en catalán. El pasado mes de agosto, la Audiencia Provincial revocó las interlocutorias del Juzgado de Instrucción de Terrassa y admitió que la profesora de Terrassa pudiera personarse como acusación particular en la causa por falsedad documental contra dos de los agentes. Hasta ahora, el juzgado solo la consideraba como testigo, no como perjudicada.
Este jueves, día 6 de noviembre, la Plataforma por la Lengua, entidad en defensa de los derechos lingüísticos que ha coordinado la estrategia legal, ha comunicado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Terrassa ha decidido enviar a juicio por un delito de falsedad en documento público a los dos agentes implicados. Es decir, consideran factible que mintieron en el atestado policial para inculpar a la profesora. La organización se muestra «satisfecha porque, finalmente, después de tres años» se ha conseguido. Se piden cuatro años de prisión para cada uno, inhabilitación para trabajar en la administración pública durante cuatro años y una multa.
Dos delitos de falsedad documental
La entidad había denunciado a los agentes que la habían coaccionado y detenido, con el pretexto de la Ley Mordaza, por cuatro delitos; pero después de abrir diligencias, el juzgado había decidido continuar el procedimiento solo por dos delitos de falsedad documental y limitar la presencia de la víctima a la condición de testigo, dejando de lado las coacciones y la detención ilegal. Una vez conseguido que fuera acusación particular, ahora se ha dado un paso más y considera que los agentes deben responder ante el juez.
Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando la profesora de un instituto de la ciudad fue menospreciada por dirigirse en lengua catalana a los agentes cuando fue a realizar unos trámites en la comisaría. La mujer fue multada con cerca de 700 euros por “faltar al respeto a los agentes y negarse a identificar”, algo que ella siempre ha negado. Además, la egarense presentó denuncia contra un subinspector y tres agentes por obligarla a hablar en castellano. A finales del mes de marzo del año pasado, el juez llamó a declarar a los cuatro implicados, investigados por un delito de “falsa denuncia”.
En Terrassa, el Ayuntamiento aprobó una moción de apoyo a la profesora y se produjeron varias manifestaciones pidiendo explicaciones al CNP y exigiendo la retirada de los cargos. También desde el gobierno municipal se pidió reiteradamente una reunión con el máximo responsable de la comisaría. No hubo suerte.
