La coalición de Junts per Matadepera y Suma’t per Matadepera niega haber cometido fraude o irregularidad alguna en su gestión, con Nil López al frente, en el gobierno municipal. Así lo expone en un comunicado de prensa emitido dos días después de que Món Terrassa publicara el contenido de un informe donde la interventora municipal de la época detallaba irregularidades en las adjudicaciones y fragmentación de contratos, con abuso de la fórmula de los contratos menores. De hecho, la coalición considera que el informe y la noticia son un «intento de desprestigiar la gestión económica y administrativa» durante su mandato.
Un argumento falso, según la ley electoral
El comunicado, de hecho, reclama «explicaciones» al actual equipo de gobierno, encabezado por Guillem Montagut, y asegura que muchas de las decisiones de las contrataciones se vieron afectadas porque, según ellos, el gobierno de Nil López se encontraba «en funciones» desde enero de 2023 porque era año electoral. Pero este extremo es falso: según el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, «las elecciones se realizan el cuarto domingo de mayo del año que corresponda y los mandatos, de cuatro años, terminan en todo caso el día anterior al de la celebración de las siguientes elecciones». Es a partir de la víspera de las elecciones, y hasta la constitución del nuevo consistorio, un período de tres semanas, que los electos y el equipo de gobierno se encuentran en funciones, y no desde enero del año electoral. Lo establece el artículo 194.2 de la LOREG: «Una vez finalizado su mandato [el día antes de las elecciones], los miembros de las corporaciones cesantes continuarán sus funciones solo para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los cuales legalmente se requiera una mayoría cualificada».
Por otra parte, alegan que la guerra de Ucrania tuvo que ver con parte del desorden contable en el caso de los servicios básicos como la recolección de basura. Según el comunicado, Junts y Suma’t «reafirman» su «compromiso con la gestión pública honesta, rigurosa y transparente» y apuntan a la interventora que firmó el informe.
Explicaciones del actual alcalde y la guerra de Ucrania
«Es necesario que el equipo de gobierno y el alcalde [actuales] den explicaciones, cuanto antes mejor, ante estos hechos que afectan su mandato», indica el comunicado de Junts y Suma’t. E insiste en que el actual gobierno tomó posesión el 17 de junio de 2023 y que «el anterior gobierno se encontraba en funciones para la administración ordinaria, debido a la ley electoral». «Desde enero hasta las elecciones de mayo, el gobierno anterior estaba en funciones, prestando servicios mínimos, y con las decisiones estructurales limitadas por la normativa electoral», llegan a afirmar, aunque la LOREG lo desmienta. «Este contexto restringe las capacidades de contratación ordinaria», defienden.
Junts y Suma’t recurren a esta supuesta (y falsa) paralización del gobierno por la ley electoral desde enero porque el informe de la interventora, aunque titulado Informe Resumen anual del Ayuntamiento de Matadepera de los resultados de control interno del ejercicio 2024, corresponde a la gestión de 2023 y a sus consecuencias sobre el ejercicio de 2024. Por ello, el actual alcalde, Guillem Montagut, pide explicaciones a Junts por la gestión denunciada en el informe que corresponde al año 2023 y 2024.
También la Guerra de Ucrania
En todo caso, Junts niega «cualquier irregularidad, cualquier fraude». «Todos los contratos, facturas y servicios se tramitaron con el correspondiente informe técnico y el conocimiento del pleno municipal», añaden. «No hay ninguna factura oculta ni gasto fuera de control ni del marco legal», indican. En este sentido, admiten cierto desorden a raíz de la Guerra de Ucrania.
«El caso destacado en el informe —el servicio de recolección de residuos— responde a una situación excepcional: el contrato con la empresa Juan y Juan finalizó en 2021, se licitó de nuevo en marzo de 2022 sin éxito por el encarecimiento generalizado de precios derivado de la guerra en Ucrania, y solo se presentó la empresa anterior en la siguiente convocatoria», arguyen. De esta manera, remarcan que «mientras no había contrato vigente, el servicio no se podía interrumpir, y se garantizó mediante facturas debidamente aprobadas por el pleno municipal».
La Sindicatura de Cuentas
Según los de Junts, «todas las actuaciones económicas han sido revisadas por la Sindicatura de Cuentas como cada año, sin ningún informe negativo». Ahora bien, también aducen que Matadepera no es una excepción porque la situación denunciada en el informe es «una casuística habitual en muchas administraciones locales, debidamente justificada y ajustada a la normativa». En esta línea, Junts reitera «de forma contundente la demanda de una auditoría externa rigurosa y objetiva». También reprochan el supuesto uso político del informe. «Rechazamos frontalmente la utilización política de un informe técnico puntual para erosionar la credibilidad de gestores honestos», sentencian.
De esta manera, califican de «paradoja reveladora» que «después de un año y medio de mandato del gobierno actual, han renunciado la interventora y la tesorera». «Y es precisamente la anterior interventora, quien colaboró con nosotros durante la mayor parte del mandato 2019-2023— quien ahora se ha ofrecido a colaborar con el nuevo gobierno para enderezar una situación que no hemos causado nosotros», concluyen.
