Si tienes un perro o un gato, lo que estás a punto de leer es más que una simple novedad: es un cambio de reglas de juego que ya está activo y podría afectar directamente tu rutina. La Ley de Bienestar Animal entró en vigor hace meses, pero sus implicaciones reales, las que nos afectan a nosotros, los propietarios, aún son un secreto para muchos.
Y el costo de este desconocimiento puede ser muy alto. Estamos hablando de restricciones que modifican radicalmente cómo podemos interactuar e incluso cómo criamos a nuestras mascotas, y que, si no se respetan, conllevan sanciones definitivas para nuestro ahorro.
La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, publicada oficialmente en el BOE en marzo de 2023 y aplicada desde septiembre de ese mismo año, es clara. El Artículo 25 establece un marco de prohibiciones generales que nos obliga a replantearnos todo. Desde ahora, queda totalmente prohibido el uso de animales en espectáculos públicos, actividades artísticas, turísticas o publicitarias.
Esto significa que aquella idea de apuntar a tu mascota a concursos de talentos locales, hacerla participar en sesiones de fotos comerciales o integrarla en atracciones turísticas, pasa a ser un error con consecuencias legales. La finalidad es garantizar un reconocimiento, respeto y protección más profundos hacia los animales por parte de toda la sociedad. (Sí, lo sabemos, para muchos es un choque).
El propósito de esta normativa es claro: elevar el estatus de los animales en nuestra sociedad, pasando de ser objetos a seres sintientes con derechos propios. Esta nueva perspectiva busca erradicar prácticas que, aunque tradicionalmente aceptadas, ahora se consideran perjudiciales para el bienestar animal, fomentando una convivencia más ética y respetuosa con nuestras mascotas.
Las actividades concretas que quedan vetadas por ley
La nueva ley es muy explícita en las conductas y actuaciones que quedan totalmente prohibidas si se refieren a animales de compañía o silvestres en cautiverio. No es solo una recomendación, es una imposición legal. El texto busca proteger a los animales de cualquier tipo de explotación o exposición que pueda comprometer su salud física o mental.
Por ejemplo, si tu perro ha sido alguna vez la «cara» de un negocio en un anuncio local o tu gato ha participado en algún evento con público, estas actividades quedan ahora bajo el foco de la ilegalidad. La ley no distingue entre grandes producciones y pequeñas iniciativas; la prohibición es general y abarca todo el espectro del uso de animales para fines que no sean estrictamente de compañía.
Es crucial entender, sin embargo, que la ley incluye una expresión muy importante: «sin perjuicio de lo que dispone el título IV». Esto significa que, a pesar de las prohibiciones generales, ciertos supuestos cuentan con una regulación específica dentro de la misma normativa. Un caso paradigmático son los espectáculos taurinos, que quedan sometidos a su propia normativa, manteniéndose así en un marco jurídico diferenciado de las prohibiciones generales aplicables al resto de animales.
La solución pasa por una información clara y accesible. La normativa es un paso de gigante para los derechos de los animales, y nosotros, como propietarios responsables, debemos estar al día para asegurar que no cometemos ningún error por desconocimiento. Lo que parecía una actividad inofensiva ahora puede ser una infracción importante.
Lo que nos jugamos aquí no es solo el bienestar de nuestros animales, sino también la tranquilidad de nuestro día a día y, evidentemente, nuestro bolsillo. Esta ley nos fuerza a mirar con nuevos ojos nuestra responsabilidad.
El control sobre la cría de animales de compañía: otra clave
Pero las prohibiciones no se detienen en el uso de animales en espectáculos. La Ley 7/2023 también pone el foco en la cría de animales de compañía. Desde ahora, esta actividad solo la pueden llevar a cabo personas o entidades inscritas en el Registro de Criadores de Animales de Compañía. Ya no basta con la buena voluntad, es necesario estar oficialmente registrado.
Incluso la cría no comercial, es decir, aquella cría puntual que no tiene una finalidad lucrativa, también está regulada. Para ello, los animales deben estar inscritos como reproductores, y su titular, dado de alta en el Registro de Criadores en la categoría correspondiente. Es una medida que busca poner fin a la cría irresponsable y al comercio ilícito.
Este punto es imprescindible para cualquier persona que esté pensando en tener cachorros de su mascota o que ya lo haya hecho en el pasado. El nuevo marco legal exige una trazabilidad y un control que antes no existían. El objetivo es asegurar que todos los animales nazcan en condiciones óptimas y que su salud y bienestar estén garantizados desde el primer día.
Ignorar estos requisitos podría llevar a la consideración de infracción. La nueva ley no deja margen a la interpretación personal en un tema tan delicado como la cría, ya que es un pilar fundamental para la reducción del abandono y el maltrato animal. Esta es la solución que propone la ley para un problema que afecta a miles de animales.
Las multas: la advertencia que nadie quiere recibir
Y ahora, la parte que realmente nos hace estar en alerta: las sanciones. La ley no solo prohíbe, sino que también castiga con dureza las infracciones. Existen tres categorías, y los límites económicos son, como mínimo, alarmantes para nuestro patrimonio.
Las infracciones leves pueden ser sancionadas con multas de entre 500 y 10.000 euros. Ya una infracción leve tiene un costo considerable. Pero la cosa no se detiene aquí. Las infracciones graves ascienden a multas de entre 10.001 y 50.000 euros. Aquí ya hablamos de cifras que pueden tener un impacto definitivo en nuestra economía familiar.
Y la cima de las sanciones la encontramos en las infracciones muy graves, que pueden llegar a multas de entre 50.001 y 200.000 euros. En el tema de la cría, por ejemplo, la cría, el comercio o la exposición de animales con fines comerciales realizada por personas no autorizadas es considerada una infracción muy grave. (Sí, has leído bien: hasta 200.000 euros).
Pero no todo son dinero. Las infracciones graves y muy graves también pueden conllevar la intervención de los animales, el cierre temporal de establecimientos o la suspensión de licencias, autorizaciones o permisos, según las circunstancias. Esto significa que un error puede ir mucho más allá de la simple multa, afectando nuestra capacidad de tener o gestionar animales en el futuro.
Es imprescindible que todos los propietarios de mascotas estemos al día de esta normativa. La desinformación ya no es una excusa válida ante la ley. Nuestro compromiso con el bienestar animal no solo es ético, sino ahora también legal. ¿Vale la pena correr el riesgo de descubrirlo de la peor manera?
