Estafaban a bancos y personas vulnerables para apoderarse de inmuebles. Esta banda tenía presencia en Terrassa, tanto en lo que respecta a la búsqueda de víctimas como de residencia para algunos de sus integrantes. La investigación se ha llevado a cabo desde Mossos d’Esquadra, con la colaboración de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, y ha finalizado con nueve personas implicadas en esta trama criminal.
Los investigadores tienen constancia de dieciocho víctimas, con inmuebles afectados en Terrassa, Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Madrid y Ciudad Real. Mientras que las detenciones se realizaron, de manera simultánea, en Terrassa, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca, Ibiza y Palma, en Mallorca. De los 9 detenidos, cuatro quedaron en libertad tras declarar en sede policial, mientras que los otros cinco pasaron a disposición judicial el 27 de noviembre en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Barcelona. Han sido acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsificación de documento público, oficial o mercantil y defraudación a la hacienda pública.
Deudas, compraventa y testaferros
El operativo se inició en el año 2022, desde una comisaría de Mossos de Premià de Mar cuando conocieron que había una querella en un juzgado de Barcelona en la que se había descubierto que cuatro personas se habían apoderado, de forma fraudulenta de un piso de una mujer que había muerto sin herederos legítimos, para después venderlo y obtener un beneficio económico. Fue entonces cuando vieron que no se trataba de un hecho aislado.
Por un lado, la banda buscaba personas vulnerables por su escasa educación financiera o porque tenían deudas o alguna necesidad económica urgente. Conseguían que esta firmara un contrato en el que los estafadores pagaban las deudas de estas personas y, a cambio, otorgaban poder notarial del inmueble a otra persona jurídica y/o física, con la excusa de poder realizar el trámite con la empresa que le daba el crédito para poder pagar las deudas.
Una vez tenían este poder, los estafadores podían realizar un acta notarial de compraventa de inmuebles entre ellos mismos. Para hacer este trámite utilizaban empresas que estaban a nombre de testaferros, muchas de ellas sin depósito de cuentas, pero de las cuales ellos tenían los poderes. Hecho esto, lo ponían a la venta y terceras personas, totalmente ajenas a la trama, lo adquirían creyendo que era de forma legal.
Registros en Terrassa donde guardaban documentación de la trama criminal
En cuanto a las empresas a nombre de los testaferros, tenían cuentas bancarias donde llegaban los dineros para que las víctimas pagaran las deudas pendientes. Este dinero lo obtenían solicitando préstamos a diferentes entidades bancarias usando una forma de operar que, el líder del grupo, había ideado para no ser detectado por las autoridades fiscales. A modo de ejemplo, una de estas empresas solicitó, en el año 2019, préstamos a diferentes entidades bancarias por un valor total de más de 200.000 euros, que nunca devolvió. Según datos de la Agencia Tributaria, entre los testaferros y las empresas tienen una deuda total de casi 1.000.000 euros.
Una vez los investigadores tuvieron conocimiento de cómo funcionaba esta laboriosa trama y tuvieron identificadas a las personas que intervenían y participaban, el 25 de noviembre detuvieron a 9 personas, entre ellas el líder de la trama. Además, se registraron domicilios de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa e Ibiza, donde se recogieron unos 100 indicios tales como talonarios, escrituras, poderes, contratos privados y documentación de los testaferros, además de 6.500 euros en efectivo.
