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El PSC endurece su posición en el nuevo código de Convivencia de Terrassa

Se trata de una batería de unas treinta enmiendas y otras tantas propuestas de multas o de su incremento en materia de comportamiento cívico que engrosarían la actual ordenanza de Convivencia Democrática que el equipo de gobierno de Terrassa está en fase de revisión y que quiere aprobar en el próximo pleno municipal del 31 de octubre. De aceptarse todas estas enmiendas o una parte importante de ellas, este código adquiriría un tono mucho más duro que las modificaciones que plantea la coalición de Tot per Terrassa con Junts y que, en principio, cuenta con el apoyo de ERC. Pero en la comisión informativa de Territorio y Vivienda de esta semana, su teniente de alcalde, Xavier Cardona, dejó abierta la posibilidad de posponerlo ulteriormente para intentar encontrar un acuerdo más amplio. El grupo del PP se abstuvo y Vox votó en contra de llevarlo al pleno.

Concretamente, el PSC propone prohibir «la solicitud y aceptación de servicios sexuales en el espacio público», con una multa de 751 euros, el «consumo y la tenencia de drogas en la vía pública» y «el abandono de jeringuillas o utensilios utilizados», con unas multas respectivas de 751 y 200 euros, o la ampliación de «la prohibición de fumar en piscinas, parques infantiles, terrazas y zonas próximas a centros sanitarios o escuelas», con una multa de entre 200 y 300 euros. Al mismo tiempo, los socialistas proponen «actuar contra las ocupaciones irregulares y las conexiones ilegales de servicios, considerándolas faltas muy graves» o «prohibir conductas que dañen el espacio público, como estropear jardines o hacer un uso privado del agua de las fuentes». En estos casos, se plantean multas de hasta 1.501 euros si se efectúan conexiones a la red de gas y subir de 500 a 900 euros si se hacen pintadas en fachadas del patrimonio histórico y de 900 a 1.501 euros si se producen actos vandálicos contra instalaciones y mobiliario urbano.

Hasta 2.000 euros si se agrede al conductor de un autobús

En cuanto a conductas racistas, sexistas u homófobas, se solicita que la multa aumente de los 751 euros actuales a los 1.500. En una línea similar pero respecto a la Policía Municipal, «la falta de respeto y consideración, así como insultar o menospreciar a los o las agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando estas conductas no sean constitutivas de delito», se pide que pase de los 500 a los 1.200 euros. Pero «la desobediencia o la resistencia a los o las agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito» que se suban de los 1.200 a los 2.500 euros. Finalmente, el hecho de «bloquear la entrada o la salida del autobús de manera intencionada» o «bloquear físicamente el servicio de transporte público urbano y evitar que continúe su ruta» que se incremente de los 200 y 500 euros respectivamente ahora a los 1.501. Pero si hay un enfrentamiento «con el conductor o el personal del servicio que impida la marcha del servicio de transporte público urbano» que este aumento se eleve de los 500 a los 2.000 euros.

Uno de los autobuses de la concesionaria del servicio en Terrassa TMESA | Júlia Martínez

En total, son 17 nuevas incorporaciones de multas y 13 de aumento de la cantidad sancionadora. Únicamente se pide una mayor flexibilidad en el caso de los comerciantes en sus adaptaciones técnicas a los expositores de calle «para no ahogar a los pequeños negocios». Y, por otro lado, se rechaza la prohibición de las macetas en los balcones y se da como alternativa una regulación que garantice la seguridad «sin eliminar esta tradición que embellece la ciudad y contribuye a mejorar la calidad del aire», según el PSC. Excepto por estas dos excepciones, el concejal Javier García justificó este miércoles el endurecimiento de las ordenanzas de Convivencia porque «el civismo se defiende con un régimen sancionador justo, pero realmente disuasorio». “Nuestra preocupación por la convivencia se traduce en propuestas concretas para prohibir y sancionar las conductas que degradan nuestros barrios; no podemos mirar hacia otro lado», afirmó García.

Discrepancia con el equipo de gobierno por la supresión del Consejo Ciudadano de Convivencia

Al mismo tiempo, el concejal socialista abogó por la continuación del Consejo Ciudadano de Convivencia, que el equipo de gobierno ha previsto suprimir. «Actuar con más contundencia contra el incivismo y dar voz a la ciudadanía se debe hacer manteniendo este consejo», consideró García. En cambio, en el comunicado municipal se explicita que este consejo «quedará derogado, ya que este organismo se ha mostrado prácticamente inactivo».

La ordenanza de Convivencia Democrática se aprobó en 2014 y en marzo de 2024 se iniciaron los trámites para su modificación para adaptarla a los tiempos actuales. «La norma se actualiza y adecua, teniendo en cuenta los cambios sociales, las nuevas formas de poner en riesgo la convivencia y la tranquilidad ciudadanas, de acuerdo con las novedades legislativas y las cuantías sancionadoras», manifestó la concejala de Protección Civil y Vía Pública, Ruth Hibernón, en la comisión informativa. Fundamentalmente, el equipo de gobierno pone su énfasis en los principios de igualdad de trato y no discriminación, los derechos y obligaciones de los usuarios del transporte público y las medidas preventivas y sanciones contra el absentismo escolar. En este último capítulo, se incide en la necesaria intervención municipal «si se detecta una situación de riesgo del niño o adolescente». Ante posiciones tan alejadas entre el equipo de gobierno y los socialistas, el debate en el pleno se presenta bastante incierto.

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