El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este martes 8 de julio la condena impuesta al vigilante de Terrassa que habló en un chat de Whatsapp sobre matar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Según recoge Europa Press, la Sala de lo Penal ha ratificado la sentencia dictada por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que, estimando un recurso presentado por la Fiscalía, elevó la pena inicial de 7 años y 6 meses de prisión a 8 años y 9 meses de prisión. Manuel Murillo, vecino de Terrassa, ha sido condenado por los delitos de proposición de homicidio y depósito de armas de guerra. Además de la pena de prisión, también se le condena a 8 años de privación del derecho a la tenencia de armas.
Los jueces no aceptaron los argumentos de la defensa sobre que padecía “algún tipo de alteración psíquica” y rechazaron categóricamente que se le pudiera aplicar “ninguna eximente” por intoxicación etílica ni por el consumo de alcohol y medicamentos, como afirmó el terrassense durante el juicio. La Audiencia Nacional subrayó que la amenaza hecha por Murillo al afirmar que era necesario «producir un cambio en la situación política española» se trata de una «propuesta seria», de ahí la elevada condena.
Un arsenal en casa y en el vehículo
Los hechos se remontan a junio de 2018, cuando Murillo formaba parte de un grupo de WhatsApp llamado «Terrasa por España». Fue aquí donde en una conversación -y también en charlas privadas con algunos de sus integrantes- mostró su absoluto desacuerdo con la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Durante el juicio, el terrassense afirmó que los mensajes que escribió eran “barbaridades” y subrayó que “mi conciencia no me dejaría matar a nadie”. Además, quiso dejar claro que “me arrepiento de todo lo que ha pasado, porque en aquellos momentos me sentía muy solo y tenía muchos problemas, y necesitaba una válvula de escape y desahogarme con alguien”.
No fue suficiente para convencer al juez y a la fiscalía, que concluyó que a pesar de que la fase en la que se encontraba el proyecto era “embrionaria”, se debe tener en cuenta “la persistencia, fijación y determinación del acusado de causar la muerte del presidente español”. Tampoco ayudó que los agentes de la Policía Nacional le encontraran en su domicilio y en el vehículo hasta 13 armas reglamentarias y 7 prohibidas, entre las cuales se encontraba un arma de guerra (una escopeta CETME).
