Desde marzo de 2024, Terrassa cuenta con el Punto de Información y Atención Ciudadana para resolver consultas relacionadas con la retirada de residuos de materiales de aislamiento y de la construcción que contengan amianto. En este período de más de un año, en nuestra ciudad se han otorgado un total de 123 licencias de obras y se han realizado más de 53 consultas. El objetivo de este servicio es que la ciudadanía tenga a su disposición toda la información posible y esté al tanto de los incentivos económicos para acceder a convocatorias, ayudas, subvenciones y otras medidas destinadas a gestionar y retirar los materiales con presencia de amianto.
En este sentido, el teniente de alcalde de Territorio y Vivienda y concejal de Urbanismo, Xavier Cardona, afirma que desde el Consistorio «trabajamos, conjuntamente con los diferentes agentes sociales, económicos y colegios profesionales de la ciudad, para cumplir con las directrices de la UE». Esta tarea se lleva a cabo a través de la Mesa de Erradicación del Amianto, constituida el 18 de febrero de 2025, y que actualiza las políticas públicas y las normativas en relación con el amianto y su erradicación.
La Mesa, que tiene previsto reunirse nuevamente antes de finales de año, está formada por representantes del Ayuntamiento de Terrassa y de los colegios profesionales y agentes económicos y sociales, como la Federación de Asociaciones Vecinales de Terrassa (FAVT); del Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC); del Colegio de Arquitectura Técnica en Barcelona (CATEB); del Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya; del Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona, de la patronal catalana CECOT y de la Cámara de la Propiedad Urbana de Terrassa.
Además, este sábado, 18 de octubre, Terrassa participará en la IV Convención Anual del Amianto, que organiza la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya (CONFAVC) en Sabadell. Este encuentro se enmarca dentro de las directrices de retirada de este material dictadas por la Unión Europea (UE); las cuales establecen que, para antes de 2028, se debe retirar de los bienes de titularidad pública y, antes de 2032, de los de titularidad privada.
