Solidaridad vecinal para detener un desalojo con menores de edad implicados en Can Palet. Este jueves, día 16 de octubre, a las diez de la mañana se esperaba que Sanae, su pareja y tres hijos menores de edad fueran desalojados de la vivienda donde viven en la calle de Menéndez y Pelayo, 249. Finalmente, no ha sido así, y la familia podrá permanecer en el inmueble mientras los juzgados deciden fijar una nueva fecha de lanzamiento.
Ante el aviso de desalojo, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca -y con el apoyo de la plataforma de Docentes 082 y del colectivo Somos Barrio- habían movilizado vecinos y amigos para intentar evitar lo que parecía casi imposible. Una veintena larga de personas se han congregado en las puertas del edificio con la voluntad de oponer resistencia pacífica. No ha sido necesario, sin embargo. Aunque hubo presencia de la comitiva judicial, no había despliegue policial. Esta fue la primera buena noticia.
La segunda vino por parte de representantes del Ayuntamiento de Terrassa y de la misma comitiva cuando informaron a la familia y a la PAH que el desalojo quedaba detenido «sin fecha». Esto desató la alegría entre los presentes que lo celebraron como una victoria. Ahora bien, es una victoria parcial, ya que la situación de Sanae y sus hijos sigue siendo inestable a la espera de que se fije una segunda convocatoria, la cual podría ser, ahora sí, definitiva.
El piso es propiedad de la Agencia de Vivienda
Ahora, se inicia una segunda batalla para conseguir regularizar la situación de la pareja, que está intentando obtener los papeles de residencia. Si lo consiguen, podrán optar oficialmente a quedarse en el piso con régimen de alquiler social.
Y es que una de las particularidades de este desalojo es que los propietarios del inmueble es la Agencia Catalana de Vivienda. No era así en el momento en que la familia, sin lugar a dónde ir, decidió ocupar el piso. Entonces pertenecía al fondo buitre BBVA-Divarian. La Generalitat lo adquirió a través del derecho de tanteo y retracto, con la voluntad de conseguir más pisos de protección social en la ciudad. «El problema ha sido que en ningún momento, desde la Agencia han contactado con quienes vivían allí, cosa que habitualmente hacen antes de iniciar el procedimiento judicial de desalojo o durante el mismo», dicen desde la PAH.
La Plataforma afirma que se había personado en la sede de la Agencia de Vivienda para explicar la situación de vulnerabilidad de la familia, pero que les habían dicho que la paralización dependía de que Servicios Sociales del Ayuntamiento de Terrassa hiciera un informe favorable. Por eso, la comitiva había ido hasta el Consistorio a volver a exponer el caso. El resultado no había sido el esperado. «Nos dijeron que no podían presionar a la Generalitat. Es habitual -aunque indignante- que en estas situaciones los interlocutores se vayan trasladando las responsabilidades y el problema, y en este caso que se detenga no depende de un fondo buitre o de un juez, sino de la misma administración…», subrayaban desde la PAH, que lamentan a MónTerrassa que el Ayuntamiento no haya movido ficha antes para evitar tener que pasar por el trance de un posible desalojo.
Además de la Plataforma y los vecinos, la familia cuenta con el apoyo de la escuela Pau Vila i Dinarès, donde van los tres niños, que trasladaron su preocupación por cómo podía afectar un posible desalojo en sus tres alumnos.
