Ante el suicidio de una paciente con problemas de salud mental en un box de urgencias del Hospital de Terrassa el pasado mes de agosto, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Terrassa (PDSPT) denuncia que esto no es un hecho aislado. Desde hace años lo denuncia al CatSalut, a la Síndica de Greuges de Cataluña y al Ayuntamiento de Terrassa, y es el reflejo de un sistema sanitario colapsado, incapaz de garantizar la atención básica a quien más lo necesita.
Que haya tenido lugar un suicidio en un espacio que debería protegernos y cuidarnos es una de las pruebas más evidentes de que el sistema está fallando desde la base. Estamos ante una emergencia social en salud mental, esta es una realidad bastante conocida. Vemos cómo el mismo sistema lleva tiempo, al menos sobre el papel, en alerta:
Dice, literalmente, el Plan de prevención del suicidio de Cataluña 2021-25:
El objetivo de reducir la prevalencia y el impacto de la conducta suicida en Cataluña a través de un sistema integrado y eficiente de prevención, intervención y postvención que tenga en cuenta la perspectiva de género, con la priorización de los grupos de mayor riesgo en sus acciones y planteamientos. Las líneas estratégicas y áreas relevantes del plan: prevención universal, selectiva, indicada y estructural del suicidio; detección, acceso, atención inmediata, tratamiento, recuperación y procesos de apoyo en casos de intentos de suicidio; postvención y apoyo a la familia y otros supervivientes; seguridad de los pacientes y prevención del suicidio.
Ante el suicidio de este mes de agosto, no podemos tener una prueba más evidente y terrible del fracaso de las supuestas medidas que nuestro sistema de salud aplica, y que se materializan en una desprotección recurrente del sistema, con un aumento de suicidios, ansiedades y depresiones.
Esto es especialmente grave en el caso de niños y adolescentes, con problemas graves, con listas de espera de 3 a 6 meses para acceder a una primera consulta para recibir atención psicológica y con visitas de seguimiento cada tres, cuatro o más meses, sabiendo que el tiempo es vital con problemas de salud mental, y con el sufrimiento añadido que conlleva para los pacientes y también para las familias.
Todo esto es una situación intolerable. En muchos casos la alternativa es pagar e ir a una consulta privada. Pero esto no hace más que agravar la situación, porque ¿qué queda cuando una persona no tiene recursos, como es el caso de la gran mayoría, para pagar una consulta privada? La autopercepción y autoestima de la persona, que ya tiene bastantes problemas de salud y que, además, debe soportar el menosprecio, descalificación y segregación social que implica verse excluido del derecho a la salud porque no tiene el dinero y recursos materiales suficientes.
No podemos permitir que esto esté sucediendo, y menos aún, no podemos permitir que esto se normalice.
Los que aprueban leyes para privatizar la sanidad son responsables de vulnerar el derecho a la salud de las personas. También el Ayuntamiento de Terrassa que tiene el 40% del Consejo de Gobierno del CST.
Porque vivir con dignidad no es un lujo, es un derecho al que no podemos renunciar.
Si tocan una vida nos tocan a todas.
Esta tragedia nos debe hacer reflexionar y cambiar el modelo actual para garantizar el Derecho a la Salud de las personas y tener una sanidad pública y de calidad.
