Las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Terrassa y Castellar del Vallès han presentado una denuncia formal ante el Síndico de Agravios de Cataluña, la Oficina Antifraude de Cataluña, Oficina del Consumidor y Oficina de Salud Pública, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y al Ministerio de Sanidad por lo que consideran un «deterioro y privatización progresiva y encubierta de la sanidad pública en Cataluña y en Terrassa que se está produciendo desde hace unos años».
En el escrito presentado por las dos entidades se describe una situación «crítica», la cual ha sido consecuencia directa de «la escasez de profesionales sanitarios, el colapso de las listas de espera, el creciente recurso a conciertos y derivaciones a centros privados financiados con dinero público, y la precariedad laboral del personal sanitario». En este sentido, los denunciantes advierten que estas prácticas «no son casuales, sino que responden a una estrategia de desgaste intencionado de la sanidad pública para favorecer intereses privados y empujar a la ciudadanía hacia los seguros médicos».
Conflictos de interés y legalidad de los conciertos
La denuncia también señala la posible «existencia de conflictos de interés y puertas giratorias entre cargos políticos y empresas privadas del sector sanitario», y en este sentido, plantean sus dudas sobre «la transparencia y la legalidad en la gestión de los recursos públicos» que se está realizando por parte de administraciones e instituciones sanitarias.
Con esta denuncia, la plataforma de Terrassa y de Castellar reclaman, entre otras acciones, «una investigación exhaustiva sobre el grado de privatización del sistema sanitario catalán y la legalidad de los conciertos sanitarios, el uso de los fondos públicos y los posibles conflictos de interés en la gestión de la sanidad». Asimismo, se solicita que se emitan recomendaciones urgentes al Gobierno de la Generalitat para reforzar el sistema público, frenar la externalización de servicios y garantizar la transparencia en la gestión.
“Estamos ante un proceso que, de no frenarse, puede suponer el final de la sanidad pública tal como la conocemos, convirtiéndola en un servicio para pobres y, por tanto, en un servicio pobre”, sentencian.
