Después de casi tres años sin avances, el Ayuntamiento de Terrassa aprobará en el pleno municipal de este viernes una declaración instando al departamento de Salud a relanzar el Pacto de Salud que preveía la construcción del CAP Norte y de un Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) y la ampliación del CAP Sur. Es un acuerdo de la junta de portavoces, a propuesta de ERC, y al que apoyan en su conjunto el equipo de gobierno de Tot per Terrassa y Junts y el grupo de Vox, mientras que el PSC se abstiene en dos de sus seis puntos. En la declaración, se solicita que la consejería presente en el plazo de tres meses un calendario y que la ejecución termine en 2027.
Concretamente, en el primero de estos puntos se insta al departamento de Salud que, en este plazo de tres meses, presente «un calendario actualizado para la ejecución de los equipamientos comprometidos en el Plan de Salud acordado entre el Departamento y el Ayuntamiento en el año 2023, con un plazo máximo de ejecución no más allá del año 2027». En el segundo, se reclama «el inicio inmediato de los trámites administrativos para garantizar que las obras del CAP Norte, el CUAP y la ampliación del CAP Sur comiencen dentro del 2026».
Es en estos dos primeros puntos donde el PSC ha decidido abstenerse, teniendo en cuenta que el actual gobierno y consejería de Salud están en manos socialistas. Pero tampoco se opone. Los compromisos de este Pacto de Salud provienen de una visita en febrero del 2023 del anterior consejero, Manel Balcells, cuando el gobierno catalán era de ERC. El voto del grupo de los socialistas no es necesario porque con el equipo de gobierno y ERC suman suficiente, pero tampoco quieren bloquear esta demanda sobre la cual el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, con quien Balcells firmó el pacto, también exige su cumplimiento.
En el tercer punto de la declaración, se reclama al gobierno de la Generalitat «los recursos económicos necesarios para ejecutar estos equipamientos». Y en el cuarto, y mientras no se construyan los nuevos equipamientos, que «se elabore un plan de refuerzo de los equipos profesionales de la atención primaria y las urgencias para reducir la saturación actual». En el quinto, se solicita «establecer un calendario de reuniones trimestrales entre el Departamento y el Ayuntamiento para hacer un seguimiento del Pacto de Salud y proponer mejoras en su ejecución». Finalmente, en el sexto se insta a comunicarlo a las diferentes partes implicadas. Este jueves, el grupo del PP aún no había decidido su intención de voto, aunque visiblemente debe estar a favor.
En su propuesta, ERC recordaba los diferentes equipamientos acordados a principios del 2023 ante el rápido crecimiento de la población: «un nuevo CAP Terrassa Norte, imprescindible para descongestionar la primaria y acercar servicios; un nuevo CUAP en la zona de Pau Marsal, para reforzar la atención urgente y evitar saturaciones hospitalarias; la ampliación del CAP Terrassa Sur, donde la presión asistencial es especialmente elevada; y el cambio de gestión del CAP Can Roca, abierto en 2022, para integrarlo plenamente en el modelo pactado». En su texto, los republicanos se quejaban de que «desde hace un año, con el cambio de gobierno de la Generalitat, la ejecución de este plan compartido ha sido retrasada en su ejecución de manera unilateral por parte del Departamento y los plazos se alargan hasta 2027–2028».
Precisamente, hace unos días los vecinos denunciaban que el solar -donde se tiene que construir el CUAP, entre la calle Pau Marsal y la plaza los Países Catalanes, cerca de la carretera de Montcada y donde ahora aparcan los coches de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)- se encuentra en un fuerte estado de abandono.
Demanda de aumento de plazas de aparcamiento en Sant Pere Nord del PSC
En una moción presentada también en el pleno de este viernes, el PSC propone medidas urgentes para paliar el déficit de aparcamientos en Sant Pere Nord. Principalmente, son cuatro medidas que consisten en firmar convenios de cesión temporal o alquiler con los propietarios de solares privados vacíos, con un acondicionamiento mínimo de asfaltado o compactado, iluminación y señalización; el aprovechamiento de suelo público, comenzando por adecuar el terreno de la avenida del Vallès con la rambla de Francesc Macià como aparcamiento provisional y disuasorio antes de que se construyan las viviendas tuteladas previstas; la reorganización de la avenida del Vallès, con el aparcamiento en superficie para crear nuevas plazas en batería o permitiendo el estacionamiento en uno de los carriles en horario nocturno; y la demanda al Servei Català de la Salut de prever un aparcamiento en el futuro CAP Norte, entre la avenida Béjar con la calle Provença.
En una rueda de prensa en el mismo barrio, el concejal socialista Javier García afirmó que «la falta de aparcamiento en Sant Pere Nord no es una percepción subjetiva, sino una demanda objetiva y reiterada de la ciudadanía y de la asociación de vecinos». «El Ayuntamiento debe ser proactivo, no podemos esperar al Plan de Aparcamientos mientras nuestros vecinos pierden un tiempo importante buscando un lugar para estacionar, a menudo lejos de su casa», agregó el concejal recordando que «la eliminación de cientos de plazas en superficie a raíz de las obras del nuevo parque de la República» ha agravado el problema de un barrio que es el tercero con más población de Terrassa, con 16.300 habitantes.
Moción de trabajos comunitarios para quienes no pagan multas del PP
Por su parte, el grupo del PP lleva a este pleno la propuesta de resolución para que los ciudadanos que no paguen las multas estén obligados a compensarlo con trabajos comunitarios. «Lo que pedimos es que todo aquel ciudadano que no puede o no quiere cumplir con sus obligaciones de una multa, lo cubra con trabajos de servicio a la comunidad», anunció en rueda de prensa la portavoz popular, Marta Giménez. «Es verdad que, hasta ahora, estaba recogido dentro de la ordenanza de Convivencia Democrática, pero nosotros proponemos que se amplíe». De hecho, el PP presenta esta moción pero antes una enmienda en la misma dirección a la revisión de la ordenanza de Convivencia que, finalmente, llega al pleno después de meses. Si se le acepta, retiraría la propuesta.
Giménez considera que estos impagos «no pueden quedar en nada». «Se debe pagar al menos con estos servicios a la comunidad, con limpieza de la ciudad que falta le hace, con servicios a la ciudad que falta le hace y con un bienestar para los ciudadanos de Terrassa que falta nos hace», argumentó. La concejala de la oposición pone como ejemplo las multas no cobradas por infracciones con patinete eléctrico, que en 2024 se situaron en 110.000 euros y en 2025 pueden llegar a los 130.000. Pero entiende que su medida debería extenderse a todo tipo de impagos, incluso de impuestos. Y pone como referente de ciudades que ya aplican un sistema similar Madrid, Valencia, Málaga y Murcia.
En su caso, el grupo de gobierno de TxT presenta una moción para la cesión definitiva al Ayuntamiento de la pista polideportiva de Vilardell por parte de la Generalitat, después de cinco años de no haber cumplido con sus compromisos. ERC también pide garantizar la gratuidad del comedor escolar y la universalización de las actividades extraescolares e insta al gobierno central a que permita a los ayuntamientos gravar la acumulación de viviendas y la especulación inmobiliaria. Mientras que Vox solicita modificar el reglamento del manifiesto contra la violencia machista que tampoco leerá en el turno que le corresponde este mes, por un lado, y un impulso al comercio local, por el otro.
