MónTerrassa
TxT reclama al Estado que asuma nuevamente la aportación al transporte público

El grupo municipal de Tot per Terrassa ha presentado una propuesta de acuerdo en la Junta de Portavoces donde reclaman al Estado que rectifique su decisión de retirar la aportación del 30% a la financiación del transporte público. Según opinan en un comunicado, esta medida «perjudica gravemente a la ciudadanía y va en contra de cualquier criterio de justicia social y sostenibilidad». Por su parte, el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, considera que es necesaria una rectificación «justa», ya que «no puede ser que se traslade a la ciudadanía, especialmente a trabajadores y estudiantes, el peso de un encarecimiento injustificable del costo del transporte».

El recorte por parte del Estado se ha traducido en un aumento del precio de títulos muy utilizados como la T-25, que pasará de 9 a 10,85 euros a partir del 1 de agosto. Esta subida supone hasta 70 euros más al año para todas aquellas personas que se desplazan regularmente con transporte público. «Desde el Ayuntamiento, hemos mantenido nuestro compromiso y continuamos asumiendo la aportación del 20% que nos corresponde para garantizar el apoyo al transporte público. Consideramos inaceptable que el Estado se desentienda parcialmente de lo que había sido una medida eficaz y socialmente responsable, y que traslade el costo al bolsillo de la ciudadanía», critica el alcalde de Terrassa.

Además, desde Tot per Terrassa insisten en que “llueve sobre mojado», ya que «la Generalitat de Catalunya sigue perpetuando el agravio hacia Terrassa al seguir incluida dentro de la zona tarifaria 3, a pesar de formar parte del tejido metropolitano y tener una población superior a muchas ciudades ubicadas en zonas tarifarias más ventajosas, a pesar de haber sido eje de campaña en las últimas elecciones», manifiestan.

Ante esta situación, la formación exige que el Gobierno del Estado rectifique, y que lo haga «de manera justa, sostenible y con visión de país». «El transporte público debe ser un derecho garantizado, no un gasto creciente. No podemos seguir penalizando a las personas que apuestan por una movilidad más limpia, más segura y más eficiente», sentencian desde Tot per Terrassa.

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