Adiós al aparcamiento para bicicletas de la Rambla de Terrassa. Y la decisión no ha sido bien recibida por parte de la asociación BiTer. Aunque, como ellos mismos dicen, era una «crónica de una muerte anunciada», no por ello ha dejado de sorprenderles que el gobierno municipal haya decidido poner fin a una iniciativa que nació en el año 2019. El caso es que nunca llegó a funcionar del todo. De hecho, llevaba ya dos años cerrado, «por una decisión política, después de dejarlo sin mantenimiento y a merced del vandalismo», recriminan desde la entidad.
Este aparcamiento cerrado con control de acceso destinado a salvaguardar bicicletas y patinetes se colocó justo a la entrada/salida de la estación de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya con la firme voluntad de que «facilitara la intermodalidad» entre aquellas personas que se mueven por Terrassa con vehículos de movilidad personal, pero que deben tomar el tren para ir a trabajar o estudiar. Era una manera segura de poder dejar el vehículo sin miedo a que te lo robaran o fuera vandalizado. Y una medida que se volvió aún más necesaria después de que desde FGC se prohibiera el acceso de los patinetes al interior de los trenes y estaciones.
Una inversión de 100 mil euros por el desagüe
Sin embargo, el TBICI de la Rambla ha tenido una vida efímera. «Vemos con mucha pena y rabia que se tire una inversión de 110.000 euros… pero ¿qué es esta suma ridícula, para un equipo de gobierno municipal que está dispuesto a gastar 25 millones de euros en un aparcamiento, totalmente innecesario, de 237 plazas en el centro de Terrassa?», señalan desde la entidad. Lamentan que otras ciudades del entorno hayan hecho una apuesta decidida por este sistema y que lo mantengan en pleno funcionamiento mientras que en la cocapital vallesana y una de las ciudades más grandes de Cataluña se haya optado por cerrarlo.
BiTer ya teme que el otro aparcamiento cerrado para bicicletas, ubicado al lado del intercambiador de FGC y Renfe en la Estación del Norte tenga el mismo fin. Un equipamiento que tampoco ha tenido una vida fácil, que también lleva meses cerrado. El gobierno alegó que habían sufrido una serie de actos vandálicos y robos que hacían imposible garantizar la seguridad de los vehículos depositados.
