La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha presentado este pasado jueves, 27 de junio, el compromiso de la corporación para hacer efectivo el derecho al acceso al agua a todos los ciudadanos de la provincia. Para conseguirlo, han dado a conocer el plan de mejora de las redes de abastecimiento de agua, que está valorado en 100 millones de euros a repartir entre los municipios de la provincia excepto de la ciudad de Barcelona.
En cuanto al importe concreto que la Diputació destinará en Terrassa, la ciudad recibirá 713.000 euros que tendrá que destinar a hacer frente a la mejora de sus redes de abastecimiento de agua. Este importe, pero, no llegará de golpe al municipio. Un 75% de este (534.750 euros) llegará a Terrassa este año, mientras que el 25% restante (178.250) lo hará en 2025. En total, el del Vallès Occidental recibirá unos 10.332.740,44 euros que los municipios podrán distribuir en el número de actuaciones que consideren necesarias para garantizar el acceso al agua de sus ciudadanos.
Desde la Diputació de Barcelona calculan que el impacto esperado con esta inversión es un ahorro total de agua potable de 12,5 hm³ por año en la provincia, equivaliendo a 5.000 piscinas olímpicas. Esto se debe al hecho que, en general, muchos municipios de la provincia tienen las redes envejecidas por carencia de mantenimiento y reposición de estas; hecho por el cual su rendimiento es muy inferior al mínimo deseable del 80%.
La Diputació sitúa el derecho al acceso al agua como una prioridad del mandato
Durante la presentación de este plan de mejora de las redes de abastecimiento de agua, Lluïsa Moret ha explicado que con esta inversión la Diputació «no solo da respuestas reactivas para contener las situaciones de emergencia, sino que lo que queremos es hacer políticas públicas que impulsen transformaciones estructurales en aquellas redes de servicios que tienen que garantizar el acceso al agua».
Así pues, la presidenta del ente provincial ha asegurado que este plan de mejora da respuesta a las necesidades expresadas por los municipios y es el resultado de un «análisis exhaustivo de qué eran las situaciones y las demandas de los diferentes ayuntamientos respecto a las condiciones de sus redes de distribución y de abastecimiento».
