Una vez aprobada definitivamente en el pleno municipal de octubre de este viernes la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Terrassa con la ampliación hasta la avenida Àngel Sallent, el equipo de gobierno ha decidido que el momento clave para comenzar a aplicar sanciones es el próximo uno de diciembre. Este mes de noviembre, habrá una campaña informativa y, dado que se concederán 24 días anuales de autorización para los vehículos que no dispongan de la etiqueta medioambiental, las primeras multas no llegarán en realidad hasta febrero. El Ayuntamiento enviará semanalmente los avisos a los propietarios de los vehículos sin etiqueta que hayan detectado las cámaras circulando por esta zona en días laborables de 7h a 20h, si no son residentes, con previsión de autorizaciones si se posee un aparcamiento en este perímetro.
Aprobada la ampliación (que incrementa del 9 al 12% el perímetro de suelo urbano), este queda delimitado por la avenida Àngel Sallent y la calle de Santa Maria Mazzarello, al oeste, el paseo 22 de Julio, al norte, el parque de Vallparadís, al este, y las carreteras de Montcada y Martorell, al sur. Los turismos y furgonetas de gasolina de más de 24 años y los de diésel de más de 19, así como los camiones de más de 19, los ciclomotores de más de 23 y las motos de más de 21 no podrán circular entre semana durante el día. Quedan exentos los habitantes dentro de la ZBE y aquellos que tengan una plaza de aparcamiento en propiedad, abono o alquiler. También las personas con movilidad reducida, los vehículos extranjeros y los especiales o de emergencias médicas.
24 días anuales de autorización para vehículos sin etiqueta
Para el resto, se facilitan estos 24 días anuales de autorización. Como las sanciones deben comenzar el mes de diciembre, a partir de enero se volverá a poner el marcador a cero y aún habrá todo el mes de margen antes de aplicar las primeras multas, que serán de 200 euros y 100 si se paga con anticipación. Los no residentes con aparcamientos en la zona, deberán efectuar la solicitud a través de la web catalana www.zbe.cat, que los redirigirá a los servicios municipales de Terrassa, o presencialmente en la Oficina de Atención Ciudadana de la calle Pantà, 20.
Para realizar los controles específicos de la ZBE, el Ayuntamiento dispone de 19 cámaras conectadas a una plataforma de la Agencia del Transporte Metropolitano (ATM) y, en 2026, se deben añadir dos más por la ampliación hasta Àngel Sallent. Con las pruebas que ya se han realizado estos últimos meses, los técnicos municipales detectan alrededor de un 3% de vehículos no autorizados que circulan dentro de este perímetro, aunque en Terrassa están censados un 13%. Algo que estos técnicos atribuyen a que el parque más envejecido sale menos del garaje y, además, se va renovando.
Desde mayo pasado, la ZBE ya está en marcha permanentemente con señalización en las calles pero será ahora cuando se deberá hacer el trabajo mayor de concienciación si llegan las multas. El 6 y 10 de noviembre, se han previsto dos sesiones informativas con responsables del Ayuntamiento para explicar todo el dispositivo. Y, a partir del uno de diciembre, durante ocho días habrá personal municipal sobre el terreno informando a los conductores.
Vox lo llevará al Tribunal Contencioso Administrativo
En el pleno de este viernes, la jefa del grupo de Vox, Alicia Tomás, anunció que llevaría la ZBE terrassense al Tribunal Contencioso Administrativo. El grupo ultraderechista había presentado alegaciones contra la ampliación hasta Àngel Sallent, que fueron rechazadas solo con la abstención del PP. Según Tomás, «no se han hecho los estudios del impacto ambiental, económico y de cómo afectará a los comercios esta ampliación, porque tampoco se podrían justificar», en su razonamiento de que la ZBE en sí misma «es discriminatoria y clasista».
«Sabemos por el grupo municipal de Vox que esto terminará en un contencioso», contestó el portavoz del equipo de gobierno y teniente de alcalde de Territorio, Xavier Cardona. «Y estamos tranquilos porque el trabajo está bien hecho, tenemos buenos profesionales que velan para que este ayuntamiento garantice la legalidad en todos sus movimientos», prosiguió Cardona para quien «está justificado que esta zona se sitúe en el Centro» de la ciudad.
Razonamiento al que dieron apoyo el resto de partidos del consistorio, excepto el PP que el mes de septiembre había presentado una moción para extender una excepción temporal de la ZBE a toda la ciudad. El socialista Marc Armengol consideró también que es el Centro quien sufre más la contaminación de los vehículos (con calles estrechas y el 30% del alumnado), Meritxell Lluís, de Junts, criticó «una judicialización política de Vox», mientras que Josep Forn, de ERC, afirmó que la ZBE se queda corta pero deseó que «esta vez sí que se aplique».
Por su parte, la asociación Que No Ens Pugin Els Fums, de Ca n’Aurell centro, que ha luchado por esta ampliación de la ZBE de la calle Faraday hasta Àngel Sallent, se muestra satisfecha pero alerta del control en este sector más al oeste. «Lo que queremos es que el sistema para las sanciones esté montado, que las cámaras estén instaladas en la avenida Àngel Sallent cuando el dispositivo se ponga en marcha», reclama su portavoz, Xavier Massallé. «No basta con que haya una señalización», añade teniendo en cuenta que presupuestariamente las dos nuevas cámaras no están previstas que lleguen hasta 2026.
