Odisea legal de una familia de Terrassa que vive en un piso, pero que el Ayuntamiento considera que es un local. En el año 2020, M.A.A. adquirió una propiedad en la calle de la Mare de Déu de la Fuencisla. Con cédula de habitabilidad vigente e inscrito en el Registro de la Propiedad y consta en el Catastro, los egarenses se encuentran con que desde el Ayuntamiento de Terrassa se considera ilegal el cambio de uso del inmueble.
Ante esta situación, el Consistorio emitió una resolución en marzo de 2023 ordenando una serie de medidas coercitivas, incluyendo una multa de 2.000 euros y “la demolición y adecuación de la finca para impedir el uso de vivienda en el plazo de un mes”, así como nuevas sanciones en caso de incumplimiento. El propietario presentó un recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión de estas medidas.
El tribunal, al evaluar el caso, consideró que las obras de demolición y adecuación conllevarían “perjuicios irreparables” para el recurrente y ha concedido la suspensión cautelar de las medidas. De esta manera, el propietario no está obligado a proceder con las obras de demolición ni a pagar las multas hasta que se resuelva el recurso principal. La familia, que cuenta con uno de sus integrantes con discapacidad, continúa amenazada de ser desalojada, pero aún tiene tiempo de intentar salvar el hogar.
Plataforma 2015 reclama que se archive el expediente de desalojo
Y en este punto se encuentran actualmente. Y desde la Plataforma 2015 Acceso a la Vivienda han querido visibilizar el caso para intentar conseguir una solución favorable a la familia de Terrassa. La entidad denuncia una «grave incongruencia» entre administraciones públicas, ya que «a pesar de tener toda la documentación legalmente requerida, el Ayuntamiento no reconoce la validez de estos documentos, y se enfrentan a un procedimiento administrativo que puede derivar en un desalojo».
El portavoz de la Plataforma, el ingeniero y API Jose Maria Coderch, ha subrayado que “exigimos el archivo inmediato del expediente de desalojo. No tiene ningún sentido que, después de comprar sus propiedades ante notario, ahora los ayuntamientos no las reconozcan. Si hubiera habido alguna irregularidad, los notarios no habrían dado su autorización para realizar las compraventas”. El portavoz también ha agregado que “los ayuntamientos no tienen potestad para interpretar la ley de esta manera. Su función es garantizar el cumplimiento de la normativa, no sustituir el criterio de los jueces. Es responsabilidad de los tribunales resolver cualquier discrepancia legal, no de los ayuntamientos”.
La entidad lamenta que la familia ha pedido apoyo a los servicios sociales, para poder acceder a un alquiler público, pero que «la petición ha sido denegada». Por eso, interpelan directamente al alcalde Jordi Ballart para reclamarle que, no solo anule el procedimiento legal iniciado, sino que «garantice alternativas residenciales a cualquier familia que enfrente una situación de desalojo». Plataforma 2015 exige que el Ayuntamiento implemente políticas «que prioricen el derecho a la vivienda digna sobre criterios técnicos y/o urbanísticos».
