La semana pasada se dio a conocer un episodio de presuntos abusos sexuales en la comunidad evangélica de Samaria de Terrassa. Aunque oficialmente solo se han presentado dos denuncias en los juzgados de Terrassa, el número de víctimas no deja de crecer y ya serían más de una quincena. Los primeros en reaccionar, fueron la Iglesia Evangélica Unida de Terrassa. La entidad condenó “rotundamente” los hechos causados por parte del pastor y de un monitor. “Queremos dejar claro que los hechos sucedidos en esta comunidad no representan a la comunidad protestante de Terrassa”, exponían en el escrito. Y subrayaban que se presentarían como Acción Popular en los procedimientos judiciales abiertos al lado de las víctimas.
Poco después, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) se pronunciaba sobre el escándalo dando todo el apoyo a las víctimas y afirmando que desde 2022, cuando trascendieron las primeras quejas, se había dado de baja a la iglesia Samaria y retirado la acreditación de Ministro de Culto al pastor implicado.
Garantizar el respeto, libertad de culto y protección de las víctimas
Este jueves, día 27 de febrero, el Ayuntamiento de Terrassa ha emitido un comunicado en el que se posiciona sobre unas acusaciones muy graves hacia una de las comunidades religiosas de la ciudad. Aunque actualmente, esta iglesia ya no se encuentra activa -en su lugar ha aparecido la Palabra Viva, con algunos miembros del equipo directivo compartidos-, el gobierno municipal ha querido manifestar también «el rechazo más firme y una condena rotunda» ante unos hechos que consideran «alarmantes e inaceptables».
El Consistorio ha puesto a disposición de las víctimas «los instrumentos municipales pertinentes y el apoyo institucional necesario en este proceso doloroso» y confía en que el sistema judicial «lleve a cabo su trabajo de manera diligente y con la máxima celeridad».
Aunque las agresiones han tenido lugar dentro de un ámbito religioso, el Ayuntamiento ha querido hacer un llamado a «no estigmatizar al colectivo de la iglesia evangélica, recordando la importancia del respeto y la convivencia entre todas las comunidades religiosas y culturales». Y ha añadido la petición a la ciudadanía de «promover una sociedad más inclusiva, donde la diversidad sea vista como una riqueza y no como una amenaza». Teniendo como prioridad «promover el respeto y la seguridad en nuestra ciudad» y la necesidad de «proteger a las personas vulnerables en todos sus ámbitos de la vida, también el religioso», también ha recalcado que es necesario garantizar «la libertad de culto» y crear «puentes de diálogo y comprensión con las entidades religiosas».
