La preocupación sobre la ‘deriva ideológica’ que rodea a la escuela Mare de Déu del Carme de Terrassa ha llegado este miércoles, día 7 de mayo, al Parlamento de Cataluña. El grupo parlamentario de los Comunes, a través de Susana Segovia, ha interpelado directamente a la consejera de Educación, Esther Niubó, para que explicara en qué situación se encuentra el expediente informativo que se abrió hace unas semanas a raíz de las quejas de un buen número de familias.
«Cerca de 150 familias han presentado una denuncia ante la deriva reaccionaria que está sufriendo el centro escolar, hasta el punto de que se han puesto en manos de abogados, preocupadas por cómo esta puede estar afectando la educación de sus hijos», ha manifestado la diputada de los Comunes. Segovia ha dejado claro que «no podemos permitir que nuestros estudiantes estén a cargo de profesorado que hace apología de la violencia, del machismo o de la homofobia, y la Generalitat no puede financiar aquellos centros que difunden discursos de odio y discriminación desde las aulas».
Los Comunes consideran que «es necesario investigar» a fondo qué está sucediendo en el Karmel de Terrassa, y han solicitado que si se comprueba que «todos estos discursos han sido avalados, promovidos o tolerados» por la dirección del centro, «se le debería retirar el concierto público». Es decir, apuestan por dejar de financiar el centro educativo y que pase a ser 100% privado. El grupo parlamentario ha recordado que esta misma semana se ha dado a conocer que la Síndica de Greuges de Cataluña también ha iniciado una investigación paralela sobre la posible vulneración de derechos fundamentales de los estudiantes.
«Actuamos con determinación y rigor para aclarar los hechos»
En el turno de respuesta, la consejera Esther Niubó ha explicado que desde Educación «hemos focalizado la actuación en aclarar los hechos. Hemos tenido un volumen significativo de quejas de familias preocupadas por los cambios que afectan al proyecto educativo y al enfoque pedagógico, y estas quejas no son menores y tenemos puestos los cinco sentidos en ello». La socialista ha afirmado que desde Servicios Territoriales se llevó a cabo una reunión con unas ochenta de estas familias para entender mejor el alcance del problema y que también se ha producido una reunión con la titularidad del centro para que expusieran su posición.
«Hemos abierto un expediente informativo con el objetivo de documentar y escuchar todas las partes. Hemos decidido que se ocupe un segundo inspector de Servicios Territoriales para garantizar la imparcialidad y el máximo rigor, y estamos de acuerdo en que es necesario reforzar la confianza de la comunidad educativa en el centro y corregir cualquier práctica que no haya sido adecuada, dentro del marco legal que disponemos».
Niubó ha sido contundente al decir que «el adoctrinamiento no tiene cabida en los centros educativos, debemos garantizar un sistema defensor de los valores democráticos, basado en el respeto y en los derechos fundamentales. Y actuaremos con determinación y rigor si esto no se produce. Pero ahora mismo nos encontramos en una fase inicial de esclarecimiento de los hechos y no sería prudente anticipar ninguna otra medida que se esté debatiendo o que pudiera surgir al respecto».
