El debate no estaba inicialmente en el pleno de diciembre, el último del año en Terrassa, pero finalmente ha sido uno de los que más controversia ha generado este viernes. Como propuesta urgente, el equipo de gobierno ha querido hacer votar una resolución apoyando a la comisión del Consejo Escolar Municipal (CEM) que vela para que la ciudad no pierda más líneas educativas como ha ocurrido en el presente curso 2025-26, y tras una primera reunión el pasado martes con los responsables de los Servicios Territoriales de Enseñanza de la Generalitat en la que se apunta a nuevos recortes de líneas para el curso 2026-27. La resolución de desagravio se ha aprobado con los votos del equipo de gobierno y ERC, la abstención del PSC y la posición en contra del PP y Vox. Y ha dado lugar a una acalorada discusión, sobre todo entre la teniente de alcalde de Enseñanza, Patricia Reche, y los socialistas.
«Lo que nos presentan es un patrón similar al del año pasado, con el cierre de líneas de algunas escuelas», ha acabado revelando Reche en el momento en que el concejal socialista Carles Lázaro ponía en duda apoyar esta resolución. De hecho, el PSC de entrada ha votado en contra de debatir la proposición con carácter urgente porque, para Lázaro, el documento de la comisión de alerta solo «es un borrador», que no se votará hasta enero en el CEM.
En su exposición para defender la moción, Reche ha hecho referencia a esta reunión no satisfactoria dentro de la Mesa Local de Planificación con los Servicios Territoriales del Vallès Occidental. «Esta su primera propuesta, como Ayuntamiento de Terrassa y en coherencia con las líneas de trabajo y lo que se está defendiendo desde el CEM, no la podemos compartir», ha remarcado la teniente de alcalde. Por ello, el equipo de gobierno ha reclamado el acta del encuentro porque, dice Reche, ya se sabe «lo que sucedió el año pasado». Y, consecutivamente, ha planteado el apoyo de los diferentes grupos municipales a la declaración, considerando que no se pueden tomar decisiones, por parte de Enseñanza, «antes del período de preinscripción».
«Esto genera un agravio claro y condiciona a las familias a la hora de elegir un centro, rompiendo la igualdad de condiciones entre escuelas», ha reiterado la teniente de alcalde asegurando que esta es una reclamación unánime «dentro del propio Consejo Escolar Municipal». «Venimos de un curso anterior muy duro, con sufrimientos, con tensiones que consideramos innecesarias, y este año reclamamos planificar con criterios compartidos, no solo pensando a corto plazo sino también a medio y largo», ha continuado. «Necesitamos paz social y que el departamento de Educación escuche el trabajo que se hace desde Terrassa», ha deseado antes de finalizar pidiendo «una planificación escolar justa, equitativa y respetuosa».
En esta comisión de planificación escolar equitativa, que emana del CEM y que el pasado 10 de diciembre redactó un documento que se votará dentro del consejo en enero, hay representación de la escuela pública, la escuela concertada, familias, sindicatos, el Ayuntamiento y los partidos políticos que han querido entrar.
Los socialistas no aceptan la urgencia y piden una contrapropuesta del equipo de gobierno
Ante este planteamiento, el socialista Lázaro, apoyando la comisión, ha subrayado que es el equipo de gobierno quien debe elaborar una propuesta frente a la que ya ha hecho el departamento de la Generalitat, en manos del PSC. «Si se cierran líneas, porque en Terrassa hay cien niños y niñas menos que el año pasado, y mil menos que hace diez años, tal vez se debe reequilibrar en otras zonas de la ciudad más necesitadas», ha sugerido como método Lázaro.
Por su parte, el concejal de ERC Josep Forn se ha puesto del lado del equipo de gobierno de Tot per Terrassa y Junts. «Sí, es urgente esta declaración», ha afirmado. «Porque el gobierno del presidente Illa ha recortado la escuela en la ciudad, aunque el equipo municipal también tiene sus competencias», no ha dejado de decir pero añadiendo, más tarde, que con recortes «se acabarán subiendo» las ratios de alumnos por clase. La concejala de Junts, Montse Caupena, también ha criticado «una eliminación de líneas de manera arbitraria».
A su vez, la portavoz de Vox, Alicia Tomás, se ha posicionado en contra de votar una resolución «sin saber lo que se vota» e incidiendo en el problema que supone gestionar «más alumnado en el futuro». Mientras que la portavoz del PP, Marta Giménez, también se ha mostrado contraria a la urgencia y ha censurado que la declaración, según ella, no contase con los intereses de la escuela concertada, criticando por ello a las dos concejalas de Junts de quienes ha dicho que siguen la línea del alcalde, Jordi Ballart, «en contra de la escuela concertada». Momento en que este último la ha interrumpido. «¡Yo no voy en contra de la escuela concertada!», ha precisado el alcalde cortando un momento la intervención de Giménez.
En medio de este caldeado debate, Reche no ha dejado de continuar reclamando el apoyo de los grupos políticos en conjunto. «Pedimos posicionarnos como ciudad y hacer un bloqueo a estas decisiones aunque no sean definitivas», ha planteado como marco en una iniciativa que, en estos momentos, no encuentra un consenso mayor.
Rechazo de las alegaciones de padres de alumnos del Conservatorio sobre la tarifación social
Del resto del pleno, cabe destacar la renuncia, de momento, a utilizar un remanente del Ayuntamiento de 2,5 millones de euros a la espera de que, desde el gobierno estatal, se permita usar su totalidad de 5,5 millones sin peligro de excesivo endeudamiento; la luz verde a un aumento a los funcionarios del 2,5% este año y del 1,5% el que viene, siguiendo también directrices de la administración central; la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales, desestimando todas las alegaciones de los padres de alumnos del Conservatorio sobre el sistema de tarifación a las familias con menos recursos a la espera de un estudio para el curso que viene; la congelación, por un lado, de las tarifas de los autobuses para el 2026 y, por otro, de la subida del servicio de taxi y de los aparcamientos subterráneos; la cesión de cuatro solares municipales a la Agencia de la Vivienda de Cataluña para que impulse la construcción de pisos sociales; y la asunción directa por parte del Ayuntamiento, con dos trabajadores, del Servicio de Integración en Familia Extensa (SIFE) por falta de entidades dispuestas a hacerlo.
Por otro lado, se ha modificado la Ordenanza de Usos y Actividades, en el aspecto de la instalación de gasolineras que, a partir de ahora, deberán tener una separación mínima de 25 metros respecto al entorno residencial y situadas en vías de más de doce metros de ancho, con tres ámbitos: una zona de exclusión en el Centro, donde solo podrá haber puntos de carga eléctrica; una zona de restricción, con instalaciones pequeñas o medianas; y una zona general, con regulación según el tipo de vial. Simultáneamente, se han aprobado casi por unanimidad las dos mociones de ERC para una preinscripción universal en la campaña de comercios navideña Terrassa Val Molt! y evitar que solo se beneficien las personas más conectadas digitalmente y del PP para acelerar la retirada de los vehículos abandonados en la calle.
Todo esto, en último pleno, antes de Navidad, que también ha escenificado la tensión actual entre el alcalde Ballart y el concejal republicano Forn sobre la no retirada del Ayuntamiento de sus reclamaciones contra los encausados por la manifestación pro-Hassél del 26 de febrero del 2021, a pesar del acuerdo de junta de portavoces del noviembre pasado.
