Educación urge al Karmel a crear una Comisión de Conciliación. La Generalitat ha dado un margen de quince días a la dirección del Colegio Mare de Déu del Carme para constituir una mesa a tres bandas. El objetivo es poder hablar con tranquilidad de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, cuando estallaron las quejas de un grupo de familias por un supuesto giro ultracatólico del centro, lo cual siempre ha negado, y lograr «rebajar la tensión» entre todas las partes implicadas.
Esta supuesta Comisión, según ha adelantado el diario El País, estaría integrada por miembros del Departamento de Educación, representantes de la dirección del centro y un miembro del Consejo Escolar, el cual debería ser elegido por mayoría absoluta entre el profesorado y la asociación de familias.
Una vez saltó la noticia, sin embargo, desde la plataforma Recuperem el Karmel -que agrupa a las familias disidentes con el nuevo modelo educativo- han manifestado que no habían sido informadas ni notificadas de la comisión, y este viernes, día 10 de octubre, el abogado que representa a las familias denunciadas por el Karmel por difamación ha corroborado que se habían enterado por la prensa y han mostrado su preocupación porque en esta reunión a tres bandas, no se asegura que el representante elegido por el Consejo Escolar sea una voz que represente a su colectivo. Por lo tanto, creen que lo que puede suceder es que en realidad sea una Comisión parcial y sin todas las partes implicadas.
Denuncia y recurso presentados en el Juzgado de Terrassa
El conflicto del Karmel fue creciendo a medida que pasaban los meses, llegando hasta el punto de trasladar el conflicto al ámbito judicial, cuando desde la dirección del Karmel se interpuso una denuncia en el Juzgado de Instrucción 3 de Terrassa por «injurias y calumnias», por la cual reclama una indemnización de 37.000 euros por «daños morales».
A finales del mes de septiembre, las tres familias de la escuela Mare de Déu del Carme que han sido denunciadas presentaron un recurso amparándose en el derecho a la libertad de expresión. La defensa apela en su escrito que no se puede tener en cuenta la prueba de los mensajes enviados a través de Whatsapp del grupo de padres en el procedimiento judicial, ya que dicen que «no se puede acreditar que las conversaciones sean verídicas y que correspondan a los padres señalados».
