En los últimos meses, nuestra ciudad ha sido testigo de un alarmante incremento en la gravedad de los delitos, lo que ha generado un clima de preocupación entre la ciudadanía. Ante esta situación, el sector sindical ha manifestado su inquietud solicitando reiteradamente el refuerzo de los diferentes turnos policiales, con el objetivo de atender de manera efectiva las demandas de la comunidad y garantizar la seguridad de los agentes que ejercen sus funciones.
Aunque la plantilla de la Policía Municipal ha experimentado un aumento constante en los últimos años, la percepción de la población es que hay una notable disminución de la presencia policial en las calles. Esta situación ha provocado críticas generalizadas por parte de los ciudadanos, que consideran que la falta de visibilidad policial contribuye a un entorno de inseguridad. A nuestro parecer, este fenómeno es atribuible a una evidente falta de organización por parte de los responsables de la institución policial, que no han sabido priorizar el servicio al ciudadano ni garantizar la seguridad del personal que presta los servicios ordinarios de policía.
Como respuesta a la problemática derivada de la escasez de agentes visibles en la vía pública, la Dirección de Policía ha tomado la controvertida decisión de contratar servicios de seguridad privada para determinados eventos. Este argumento se basa en la premisa de que algunos actos ciudadanos que se llevan a cabo en espacios públicos requieren una protección especial que excede las capacidades del cuerpo policial municipal. De esta manera, nos encontramos ante un proceso de privatización de la seguridad pública, donde la protección de los ciudadanos de Terrassa se delega a empresas privadas.
Consideramos que esta estrategia adoptada por el Ayuntamiento de Terrassa es un intento de justificar la falta de capacidad organizativa existente, buscando soluciones más económicas que permitan a los responsables policiales mantener una estructura que, evidentemente, no está ofreciendo los resultados esperados. La externalización de la seguridad plantea serios interrogantes sobre la efectividad y la voluntad política de afrontar los problemas estructurales que afectan a la Policía Municipal.
La actual situación exige un análisis crítico y profundo sobre las verdaderas causas de la crisis en la seguridad pública en nuestra ciudad. Es imperativo que se evalúen las decisiones tomadas y se implementen medidas concretas que prioricen tanto el bienestar de los ciudadanos como la seguridad de los agentes. La confianza de la ciudadanía en su fuerza policial depende en gran medida de la capacidad de los responsables para gestionar eficazmente los recursos disponibles y, sobre todo, de su compromiso con el servicio a la comunidad.
