La Campaña de Apoyo al Kasalet y el Kalitxet ha tenido que suspender el acto previsto para este próximo sábado 11 de enero en la Plaza del Progrés debido a las dificultades que han puesto varios departamentos del Ayuntamiento de Terrassa.
El Kasalet-Kasal Ocupado y Autogestionado Joan Berney, a través de la Comisión de Fiestas Populares de Terrassa (CFP-Trs), de la cual forma parte, presentó una instancia el 15 de diciembre para realizar una actividad en la Plaza del Progrés para el sábado 11 de enero. La instancia se presentó en el departamento de Vía Pública con toda la documentación y requisitos necesarios. Desde Vía Pública no hubo ninguna respuesta hasta que la persona que había presentado la instancia llamó a finales de diciembre. En ese momento dijeron que contestarían pronto, pero no lo hicieron. Una semana después, a inicios de enero, se volvió a llamar y se informó que estaban pendientes de un informe del departamento de Cultura y otro de la Policía Municipal, pero que responderían próximamente. Esta falta de celeridad ya obligó a descartar la mitad de las actividades por falta de tiempo para organizarlas.
A pesar de todo, Vía Pública no contactó y se tuvo que llamar nuevamente el martes 7 de enero, a menos de una semana del acto. Respondieron que aún no disponían de los informes necesarios para autorizarlo y que había que esperar más. Finalmente, el jueves 9 de enero, casi un mes después de presentar la instancia, Vía Pública llamó por primera vez para comunicar que, a pesar de tener el informe favorable de la Policía Municipal, aún faltaba el de Cultura. Además, anunciaron un recorte en el horario del acto, aunque este aún no estaba autorizado y ya había sido reducido por los organizadores debido a los retrasos. Ante la falta de respuesta de Vía Pública, los impedimentos de la Policía Municipal, la ausencia del informe de Cultura y la falta de permiso a solo dos días del acto, nos vimos obligados a cancelar todas las actividades previstas.
Desafortunadamente, estos hechos no son un caso aislado, sino que se han dado muchos más casos, tanto con la CFP-Trs, como con el Kasalet, como con otras entidades sociales y de cultura popular, motivo por el cual parece que este «modus operandi», más que una excepción, sea una norma del Ayuntamiento a la hora de tratar las entidades de la ciudad. Consideramos que nos encontramos ante un hecho muy grave y una clara vulneración de los derechos de las entidades sociales de Terrassa. El Ayuntamiento de Terrassa, de la mano de los departamentos de Vía Pública, Cultura y de la Policía Municipal, está provocando a las entidades una situación de vulneración del derecho de reunión y del derecho a la libertad de expresión, al mismo tiempo que supone un ataque a la independencia y autonomía de las entidades frente a las instituciones. No puede ser que el Ayuntamiento aplique una fiscalización tan extrema de las actividades de las entidades sociales que suponga una censura tanto de las actividades como del uso del espacio público. Es inadmisible que las entidades no puedan hacer uso del espacio público de nuestra ciudad. Las calles y las plazas son de todas, y el Ayuntamiento no debería impedir la libre disposición del espacio público ni la libre organización de las entidades bajo ningún concepto.
Estos hechos demuestran que los espacios autogestionados, autónomos e independientes del control de las instituciones son más necesarios que nunca, ya que son los únicos que garantizan la libertad total de las entidades para realizar sus actividades sin ningún tipo de permiso, contrapartida, restricción ni censura. Queremos que este escrito sirva como denuncia pública para visibilizar esta situación y conseguir que el menosprecio del Ayuntamiento hacia las entidades sociales de Terrassa se acabe de una vez por todas. Es una vergüenza para nuestra ciudad que el Ayuntamiento, de la mano de Vía Pública, Policía Municipal y, sobre todo, Cultura (que supuestamente debería favorecer y fomentar la realización de actividades), se dedique a poner trabas e impedir la realización de actividades en la vía pública por parte de las entidades. Si no se pone solución, nos veremos obligadas, una vez más, a salir a la calle, con permiso o sin él, para defender los derechos de las entidades sociales, el derecho de reunión y la libertad de expresión.
