Su intervención no fue una moción ciudadana, pero acabó dominando el pleno municipal de noviembre de este viernes por la presencia en toda la bancada del público de los vecinos en huelga de alquileres de Can Colomer contra InmoCaixa, a pesar de que esta misma semana la Generalitat ha anunciado que compra los 75 pisos que iban a perder su condición de protección social. En nombre del Sindicato de Inquilinas de Terrassa, estos vecinos recordaron que mantienen su huelga hasta que este traspaso bajo paraguas público no se haga efectivo y no se cumplan otras exigencias como el retorno de parte de las cantidades abonadas. Por su parte, el Ayuntamiento aprobó casi por unanimidad una moción de apoyo presentada por ERC y la concejala de Vivienda, Lluïsa Melgares, les garantizó que el equipo de gobierno les acompañaría en el objetivo de cobrar sus pagos del IBI, aunque no descartó tener que ir a los tribunales. Este fue un pleno con bastante participación ciudadana, que el alcalde, Jordi Ballart, no pudo seguir hasta el final por una indisposición.
«No pagaremos ni un euro hasta que no aseguremos que absolutamente todos y cada uno de los pisos de La Caixa pasen a ser públicos, hasta que no se retiren todas las demandas judiciales contra nuestras vecinas, hasta que no renovemos contratos sin ninguna cláusula abusiva y a precios asequibles, hasta que no se haga un buen mantenimiento de nuestra casa y hasta que no se nos devuelvan todas las cantidades cobradas indebidamente», finalizó su intervención Sara Vergara, en representación de las familias que hace trece años entraron en esta promoción del norte de Terrassa, en la carretera de Rellinars, que la filial de CriteriaCaixa, InmoCaixa, ahora quería poner a la venta en el mercado libre una vez terminado el periodo de protección social.
Vergara se felicitó de la decisión de la Generalitat de comprar a CriteriaCaixa más de mil pisos en una quincena de municipios catalanes, entre ellos los de Terrassa, por 87 millones de euros y evitar así que los vecinos tengan que marcharse, pero remarcó que era fruto «del esfuerzo brutal de setenta familias que llevan ocho meses en huelga de alquiler», nombrando también a los huelguistas de bloques en Sentmenat, Sitges, Banyoles y Palau-solità i Plegamans y agradeciendo el apoyo del Sindicato de Inquilinas.
En su turno, un responsable del Sindicato de Inquilinas de Terrassa, Jordi Viñals, recordó no solo el caso de Can Colomer, sino también el de la calle del Sindicato. «El conflicto de Can Colomer nos permite hablar de la perversión del sistema de la vivienda protegida, que de aquí al 2040 verá cómo en el área metropolitana habrá miles de Can Colomers», advirtió Viñals. «Es decir, en los próximos quince años, corremos el peligro de perder la protección de 54.000 viviendas», añadió. Después, formuló toda una serie de preguntas que iban dirigidas al alcalde Ballart, pero también al gobierno municipal que lidera Tot per Terrassa. Entre las cuales, el compromiso de un 30% de vivienda protegida en la ciudad y la falta de un realojamiento digno a largo plazo para las familias desahuciadas.
Dado que su intervención no iba acompañada de voto por parte de los grupos municipales, fue en la moción justo después de ERC de apoyo a Can Colomer que la concejala Melgares dio una explicación más directa sobre el caso. Melgares reveló que el pasado martes se reunió con la consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, para hablar de la falta de mantenimiento de este bloque de pisos terrassense y el cobro de impuestos como el IBI. «Nos dio una respuesta en positivo y puedo decir públicamente que estas cuestiones se solucionarán», aseguró Melgares ofreciendo la ayuda del Ayuntamiento para posibles reclamaciones. Ahora bien, también hizo otro reconocimiento: «no sabemos si será posible devolver el dinero de InmoCaixa que, efectivamente, ha cobrado ilegalmente, como es el IBI y otras partidas. Estas partidas deberían estar en los tribunales, donde estamos a vuestra disposición». La moción se aprobó con el voto a favor de todos los grupos, excepto la abstención de Vox y del PP en algunos puntos. Otra moción de ERC para gravar la acumulación de viviendas y contra la especulación inmobiliaria tuvo la abstención de Junts y los votos en contra de Vox y PP.
1.200 euros de multa por desobedecer a la Policía Municipal y prohibición de vender alcohol de noche
Después de casi medio año de negociaciones, finalmente la revisión de la ordenanza de Convivencia Democrática se aprobó en el pleno, con cuatro enmiendas del PSC y el voto en contra de Vox y el PP. Entre las nuevas medidas más destacadas, está la incorporación de una multa de 1.200 euros por desobedecer, no identificarse o facilitar datos falsos a los agentes de la Policía Municipal y la prohibición de venta de alcohol de las diez de la noche a las ocho de la mañana, salvo en los bares, restaurantes y lugares de ocio. El nuevo texto incluye, por otro lado, los principios de igualdad de trato y no discriminación en el espacio público para evitar discursos de odio, xenofobia, racismo, machismo o LGTBI-fobia. Y, al mismo tiempo, se establecen derechos y obligaciones de los usuarios en el transporte público y medidas preventivas y sanciones contra el absentismo escolar. También se actualizan los importes de las multas.
Estos cambios responden al objetivo de «preservar el espacio público como lugar de convivencia, civismo y respeto», defendió la concejala de Vía Pública, Ruth Hibernon. La concejala detalló las razones por las cuales aceptaban las cuatro enmiendas pactadas con el grupo socialista y que son sanciones por el uso de equipamientos deportivos fuera del horario de servicio, como las piscinas; una ampliación de los supuestos de molestias a los vecinos, aparte de los ruidos, con los olores y los humos; una nueva infracción por desperfectos en espacios verdes; y la prohibición de acceder a los transportes públicos a personas ebrias. Los socialistas acaban aceptando que se suprima el inactivo Consejo Ciudadano de Convivencia Democrática, a cambio de crear un nuevo espacio de control.
Hibernon contestó, a su vez, a la enmienda no aceptada del PP que quería introducir la conmutación de multas impagadas por trabajos a la comunidad en la ordenanza. «Creemos que no es aceptable porque podría dejar algunos artículos en situación de ilegalidad», justificó esta responsable. Por este motivo, la portavoz popular, Marta Giménez, volvió a llevar la medida en una moción aparte, que solo recibió el apoyo de Vox quejándose de que tampoco le habían rebatido sus argumentos de que esto no fuera jurídicamente posible. Las respuestas de otros concejales fueron que los ayuntamientos que lo aplican con más de 250.000 habitantes disponen de una carta municipal que se lo permite.
Nuevas bases para acceder a las subvenciones y el catalán
Con el objetivo de simplificar el acceso a las subvenciones por parte de las entidades terrassenses, se aprobaron unas nuevas bases específicas, con la abstención de socialistas y republicanos y el voto contrario de Vox y el PP. La disconformidad por parte de los republicanos para no votar a favor se debió al hecho de que no se incluía el catalán como lengua vehicular entre las condiciones para protegerlo en las actividades de estas entidades. Inicialmente, una enmienda de ERC a la que dio apoyo Junts para que fuera así fue tumbada. Pero, después, la concejala de Presidencia, Rosa Boladeras, aceptó incorporar a las bases una enmienda de última hora en la que se «recomienda» utilizar el catalán en la otorgación de subvenciones.
La abstención del PSC también obedeció, indirectamente, a estas transacciones de último minuto censurando que un partido de gobierno como Junts votara la enmienda de ERC en oposición al partido con el que gobierna que es TxT. Por su parte, Vox y PP criticaron que no se aplique el código ético municipal en las bases de las concesiones, cuando sí se hace con los concejales y personal del Ayuntamiento, considerando que de esta manera se premia un tipo determinado de entidades cercanas al gobierno.
Por otro lado, se aprobó casi por unanimidad la reclamación a la Generalitat de relanzar el Pacto de Salud con los equipamientos asistenciales comprometidos, tal como avanzó MónTerrassa, mientras que un refuerzo de personal y servicios en el CAP de Can Trias de Viladecavalls, pero que también utilizan los vecinos terrassenses de Roc Blanc, solo tuvo la abstención del PP. Hubo unanimidad para la propuesta del PSC de habilitar aparcamientos temporales en Sant Pere Nord a la espera de encontrar soluciones definitivas y también para la de TxT pidiendo a la Generalitat que devuelva al Ayuntamiento el polideportivo de Vilardell después de treinta años. La moción de ERC de garantizar la gratuidad del comedor escolar a las familias vulnerables y la universalización de las actividades extraescolares únicamente recibió la abstención en algunos puntos de Vox.
Disputa sobre el manifiesto condenando los feminicidios
En la semana que se ha celebrado el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, el 25-N, se aprobó un manifiesto de refuerzo de esta lucha por parte del Ayuntamiento solo con el voto en contra de Vox. De hecho, el turno que le tocaba en este pleno a la portavoz del grupo, Alicia Tomás, de leer la declaración institucional condenando los feminicidios se pasó a la concejala del PP María del Carmen Vaya porque Tomás, como en anteriores casos con concejales de Vox, se negó. A cambio, presentó una moción para modificar el manifiesto condenando los feminicidios. De hecho, cuando se disponía a defenderla dijo que leería su texto alternativo. Momento en el cual, la teniente de alcalde Patricia Reche, que presidía en funciones el pleno por la ausencia de Ballart, tuvo que advertirle que no podía hacerlo en nombre del Ayuntamiento sino solo en el suyo particular.
«Denuncio el patriarcado que lo provoca y, en particular, el patriarcado islamista», manifestó entre otros cambios Tomás, lo que dio lugar a una disputa con la concejala de Políticas de Género Melgares sobre la interpretación de los datos de agresiones sexuales en Terrassa. La moción de Vox de modificar el manifiesto que se lee cada mes únicamente contó con el apoyo del PP. Y lo mismo pasó con otra moción de Vox de impulso del comercio local porque el equipo de gobierno recordó que ya se está aplicando el plan director local del sector.
Al final de este largo pleno de cinco horas y media, Tomás volvió a intervenir para criticar duramente que, como acuerdo de junta de portavoces y con los votos en contra del PSC, PP y su grupo, se aprobara la retirada del Ayuntamiento de la reclamación de daños a los encausados por la manifestación en Terrassa en apoyo al rapero encarcelado Pablo Hasél en 2021. La portavoz de Vox llegó a asegurar que «el equipo de gobierno incurre en un delito». De hecho, esta moción inicialmente de ERC daba continuidad a la declaración de apoyo del Ayuntamiento en el pleno de octubre a estos encausados y sus familias.
