El terrassense Pere Soler ya es nuevo consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El Congreso de Diputados aprobó la semana pasada el nombramiento de los cuatro consejeros y el vicepresidente propuestos por el Ministerio de Economía del gobierno español para formar parte de la CNMC. La Ley establece que los candidatos deben pasar previamente por un “examen de conflicto de intereses” antes de ocupar oficialmente el cargo. La Comisión de Economía ha concluido que los candidatos son aptos, según ha informado la agencia de noticias Europa Press.
Una vez superado el trámite en la cámara baja, los nombramientos se aprueban por Real Decreto que incluirá un mandato de seis años, sin posibilidad de reelección. De esta manera, Pere Soler, exdirector general de los Mossos d’Esquadra, asume un nuevo cargo dentro de su trayectoria política. Lo acompañarán, en la misma categoría de consejeros, María Vidales Picazo, Enrique Monasterio Beñarán y Rafael Iturriaga Nieva, mientras que Ángel García Castillejo ha sido nombrado vicepresidente.
La aprobación en el Congreso de los cinco cargos no ha sido un camino de rosas, ya que tanto PP como VOX se han mostrado reticentes. Hasta el punto de que han presentado propuestas de veto a todos los candidatos porque consideran que su nombramiento es un intento de “colonización” de las instituciones del gobierno del Estado. La propuesta de veto no ha prosperado por falta de apoyos del resto de grupos parlamentarios.
Experto en derecho mercantil y europeo, procesado por el 1-O
Pere Soler Campins (Terrassa, 1967) ha sido director general de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), presidente del Tribunal Arbitral de Terrassa y concejal en el Ayuntamiento de Terrassa por CiU. Es abogado y especialista en derecho mercantil y europeo, y ha ejercido como docente en diversas escuelas superiores de estudios universitarios y colegios de abogados.
En 2017 fue nombrado director general de los Mossos, y durante su periodo gestionó la coordinación e investigación policial en relación con los atentados del 17-A. Fue destituido el 28 de octubre de 2017, al día siguiente de la declaración de independencia suspendida, por la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno de Mariano Rajoy. En febrero de 2018 la Audiencia Nacional abrió diligencias contra él durante la investigación contra la cúpula de los Mossos en relación con el proceso independentista.
Fue procesado junto con Josep Lluís Trapero, Joaquim Forn y Teresa Laplana por sedición. Finalmente, el 21 de octubre de 2020 la sentencia los absuelve de todos los cargos.
