A pesar de que en el pleno de octubre el Ayuntamiento de Terrassa aprobó una declaración en apoyo a los cuatro jóvenes encausados por la manifestación en solidaridad con el rapero encarcelado Pablo Hasél del 26 de febrero de 2021, en el juicio que debía celebrarse cuatro días después todavía figuraba la reclamación municipal y de la empresa de basuras Eco-Equip de cerca de 9.000 euros por daños en pavimento y contenedores contra estos jóvenes. En la junta de portavoces de este viernes, el concejal de ERC Josep Forn propuso que se incluya en el orden del día del pleno de noviembre del próximo viernes la retirada de esta reclamación «para aligerar la carga a estos tarrasenses y sus familias». Una propuesta sobre la cual la portavoz del PSC, Eva Candela, pidió un informe a la secretaría municipal, mientras que la del PP, Marta Giménez, ya adelantó que votaría en contra. La concejala de Junts, Montserrat Caupena, se mostró favorable y, en su caso, el portavoz de Tot per Terrassa y del equipo de gobierno, Xavier Cardona, no se pronunció.
Forn recordó que el juicio contra Roger, Joan, Ignasi y Marc «lleva mucho tiempo demorándose» y que su petición tenía en cuenta que en octubre se aprobó esta declaración de apoyo a los cuatro jóvenes de unos veinte años, tres de Terrassa y uno de Rubí, que niegan los hechos. La audiencia en el Palacio de Justicia de Terrassa el 4 de noviembre solo duró diez minutos porque el juez volvió a posponer el juicio hasta el 9 de marzo de 2027 porque no se había avisado a los cinco testigos de la defensa cuando sí se había citado a los siete Mossos d’Esquadra de la fiscalía. En ese momento, la abogada de Alerta Solidària de los jóvenes, Eva Pous, denunció el retraso judicial y la manera en que se había hecho.
En la declaración municipal de octubre, el equipo de gobierno de TxT y Junts además de ERC votaron a favor, mientras que PSC, PP y Vox lo hicieron en contra. En la junta de portavoces de este viernes, la socialista Candela mostró su reserva a la petición de ERC. «No sé si el Ayuntamiento puede retirarse de una demanda como esta», manifestó Candela que solicitó un informe de la secretaría municipal «para saber si eso es posible» antes de pronunciarse.
Por su parte, la popular Giménez dejó claro que estaría en contra y tanto ella como Forn protagonizaron un vivo intercambio. La popular cuestionó que se procediera a esta retirada si «presuntamente se han hecho estos daños en pavimento y contenedores» y consideró que este era un tema que debía resolverse en los juzgados. Forn insistió en que los contenedores quemados «ya deberían haber sido renovados con los años que han pasado», algo que Giménez replicó diciendo que «¿como son viejos, ya se pueden quemar?».
En ese momento, intervino Caupena, de Junts, recordando que «fue una manifestación con muchos jóvenes y se cogieron los que se cogieron, pero eso no significa que estos cuatro encausados sean los culpables». Forn continuó argumentando que «es un tema de humanidad». Algo a lo que Giménez respondió con que «cualquier encausado en cualquier causa tiene un sufrimiento, sea culpable o no». Llegados a este punto, Forn invitó a la concejala popular a votar en contra si no estaba a favor. Y esta terminó razonando por qué, efectivamente, lo haría así. «Yo lo que no haré es interponerme en un procedimiento judicial», afirmó Giménez. «Y presuntamente estos jóvenes han cometido un delito, que se les juzgue y el juez dirá si eran inocentes o no». En su última intervención sobre el tema, Forn quiso enmarcar su petición: «No nos estamos interponiendo en un procedimiento judicial, estamos pidiendo que el Ayuntamiento retire su acusación. El caso seguirá adelante igualmente, o no».
En la instrucción del caso, que terminó en octubre de 2023, el Ayuntamiento reclamaba 2.978 euros por desperfectos en el pavimento y 5.870 euros por dañar contenedores de la empresa municipal Eco-Equip. Esta cantidad forma parte de una petición de multa conjunta que alcanza los 11.500 euros. La fiscalía, a nivel penal, pide tres años de prisión para cada uno de los jóvenes.
Alicia Tomás, de Vox, no leerá la declaración contra la violencia de género
Otro de los puntos en que el portavoz del equipo de gobierno Cardona tuvo que intermediar fue en el de la declaración que regularmente, en cada pleno, se hace contra la violencia de género. Es algo que se hace rotatoriamente entre los concejales de todos los grupos municipales y, cuando ha tocado el turno del grupo de ultraderecha Vox, estos se han negado a hacerlo porque votaron en contra del texto inicial de esta declaración. En el pleno de noviembre, el turno debía ser para la portavoz de Vox, Alicia Tomás, pero en la junta de portavoces de este viernes ya adelantó que no lo haría. Ante una negativa que se daba casi por hecha, Cardona optó por pasar el turno de lectura el próximo viernes a la concejala popular María del Carmen Vaya.
Después, Tomás, por ello, hizo la petición de modificar este manifiesto contra la violencia de género. «No participamos en el redactado y estaría bien hacer uno nuevo en el que todos los grupos municipales se sientan representados», defendió. Su petición quedó en manos de la concejala de Políticas de Género, Lluïsa Melgares, que ahora deberá intentar si es factible incluir a Vox en el consenso. Precisamente, Melgares será también la responsable de coordinar una posible declaración institucional en el pleno coincidiendo esta próxima semana, el 25 de noviembre, con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
