Si hay una palabra que se ha repetido en los primeros minutos del Pleno del Ayuntamiento de Terrassa ha sido «vergüenza». Este miércoles, día 30 de abril, la sesión plenaria ha comenzado, otra vez, alterada por la aparición de los tres concejales de VOX con una camiseta con una frase acusatoria dirigida contra Jordi Ballart, y que presupone que el alcalde silencia las agresiones sexuales en la ciudad. Ante la advertencia reiterada de retirar la prenda, y la negativa del grupo municipal a hacerlo, el alcalde pidió a los tres concejales que abandonaran la sala. No quisieron, gritando que es «libertad de expresión».
Esto obligó a intervenir a la Policía Municipal, en una escena nunca vista. Griterío por parte de gente del público, que ya venían preparados con carteles de «dictadura», con insultos y gritos dirigidos al gobierno municipal y al alcalde, quien respondió recordándoles que «esto es la democracia, que se basa en el respeto, en el deber y obligación de la cortesía debida, de no incentivar la discriminación ni los discursos de odio, hostilidad, violencia contra alguien ni de lesionar su dignidad».
Una vez los tres concejales fuera, se inició el Pleno, que justamente llevaba en el segundo punto del día, el acuerdo de inicio de la Incoación de expediente sancionador por presunta vulneración de los valores contenidos en el Código Ético y de calidad institucional del Ayuntamiento de Terrassa por parte de la portavoz del partido, Alicia Tomás, por la misma camiseta llevada en el intento de Pleno del viernes pasado y que terminó con su suspensión hasta hoy. El acuerdo viene acompañado de un informe de los servicios jurídicos. Ahora, se inicia una fase de instrucción en la que se determinarán qué responsabilidades e incumplimientos ha habido, si ha sido el caso, y si procede cuáles son las sanciones que se le deberán aplicar. La acusada tiene derecho a presentar alegaciones y elementos de juicio que considere oportunos.
Además, el gobierno ha anunciado que presentará en la próxima comisión de Transparencia una nueva petición para abrir expediente sancionador a los otros dos concejales de VOX que hoy también llevaban la camiseta, por incumplimiento del Código Ético.
Rivas: «Defendemos la dignidad institucional y respeto democrático»
El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del gobierno municipal (TxT y Junts), PSC y ERC. Y con la abstención del PP. Todos los partidos han querido intervenir para exponer su sentido de voto y, sobre todo, para recriminar la actitud y el espectáculo que ha ofrecido VOX. Ballart ha recordado que se han interpuesto varias denuncias en la Fiscalía de Odio y que hay dos causas penales abiertas contra el partido de extrema derecha, a las cuales se van incorporando todas aquellas declaraciones, actos o hechos que van sucediendo. El alcalde ha asumido la mea culpa ante la decisión de suspender el Pleno, reconociendo que seguramente no fue la más acertada, aunque en ese momento, ante la situación vivida, consideró que era el mal menor.
La teniente de alcalde de Servicios Generales y Gobierno Abierto, Laura Rivas, ha sido la encargada de subrayar que «todos los concejales tenemos el deber de ser ejemplo de conducta ética y de responsabilidad institucional, y cuando este marco se vulnera, el Ayuntamiento debe actuar con garantías». La concejala de Tot per Terrassa ha lamentado la situación vivida, y se ha dirigido a la ciudadanía y, en especial, al público que ha levantado los carteles, diciendo que «como institución defendemos y protegemos la libertad de expresión. Pero esta no se ampara en el libertinaje, ni en la falta de respeto reiterada. Ni en hacer un uso irresponsable del cargo público, ni en la ruptura de un código ético aceptado. No queremos ni podemos estar impasibles, por dignidad institucional, por respeto democrático y por responsabilidad colectiva. No es el intento de silenciar ninguna voz, sino la acción legítima de defender esta institución ante una acción que quiere poner en riesgo la confianza de la ciudadanía, que ejerce una violencia simbólica, insulta y calumnia».
PP: «Hacemos política adulta, no de pancarta y camiseta»
Desde el Partido Popular han recordado que todos los concejales «estamos sometidos al mismo código ético», y que todos lo conocen en el momento de asumir el cargo. La portavoz Marta Giménez Arcusa ha recalcado la vergüenza sufrida, pero también ha recalcado que «durante décadas se ha vulnerado y se ha faltado al respeto a nuestro partido, y nunca hemos recibido ninguna solidaridad por parte del Pleno, ni tampoco hemos pedido que aquellos que lo han hecho fueran sancionados», en referencia a, dice, los ataques sufridos por miembros de la CUP o Terrassa en Comú. Apuntando que el alcalde no debería haber suspendido el Pleno, ha dejado claro que ellos no vienen «a hacer política de pancarta y camiseta, nosotros venimos a hacer política adulta. Y aunque no diremos que los concejales no deban estar en el Pleno, sí pedimos que estén de manera respetuosa, sin faltar a la educación y con rigor».
Junts: «Difamar tiene consecuencias»
La intervención de Junts ha ido encaminada a recordar «el respeto a la dignidad y responsabilidad institucional» que deben tener los cargos electos, y la necesidad de actuar con «transparencia cuando se detectan actitudes irregulares o inapropiadas» que dañan «el prestigio de la institución». La portavoz Meritxell Lluís no se ha mostrado sorprendida por el papel de VOX, porque «es una consecuencia natural de hacer política basada en el conflicto y en el menosprecio a los derechos humanos, y en el intento constante de deteriorar la convivencia ciudadana. No estamos ante un hecho aislado ni accidental, sino ante un partido que ataca los derechos fundamentales, que promueve el odio y que es incompatible con los valores democráticos que defendemos». El grupo municipal ha apuntado que hacía falta «una respuesta legítima, porque difamar tiene consecuencias. Queremos una Terrassa que no normalice ni blanquee actitudes y valores contrarios a la democracia».
ERC: «Un ataque sin precedentes a la democracia del Ayuntamiento»
Esquerra Republicana se ha mostrado contundente en «condenar cualquier ataque de la extrema derecha dentro del Pleno», sea hacia el alcalde, como en esta ocasión, pero también hacia cualquier concejal, entidad o colectivo. Los republicanos han pedido contundencia, a partir de ahora, para no permitir «que ellos decidan cuándo y cómo podemos participar en el Pleno» y en cortar de raíz aquellas intervenciones o declaraciones discriminatorias o que vulneren derechos fundamentales. «Hoy hemos sentido vergüenza, aquellos que amamos la política y que la defendemos. Ha sido un ataque sin precedentes a la democracia del Ayuntamiento, un triunfo de la política espectáculo, de solo querer hacer el show para acumular likes y votos», ha recalcado la portavoz Ona Martínez, que ha añadido que «debemos preservar siempre el respeto inherente a nuestro cargo; tenemos unos derechos, pero sobre todo deberes, porque somos servidores públicos y no todo vale para hacer política».
PSC: «VOX ya tiene lo que quería: la foto del show»
El Partido de los Socialistas ha tenido dos partes. La primera se ha centrado en lamentar que «VOX ya tiene lo que quería, la foto del show, que es lo único que sabe hacer. Ellos se basan en el ruido y en el espectáculo, y eso nos sonroja y nos avergüenza. Es lamentable que la acción política se limite a sembrar odio y a hacer espectáculo. Esta es toda su aportación a la política». El PSC dice que quiere trasladar el mensaje de que «mientras hay tanto ruido y perdemos el tiempo en estas batallas, ¿quién habla de Terrassa? Votaremos a favor del expediente, veremos qué dice la instrucción, pero el show de VOX no puede paralizar la política institucional de este Ayuntamiento». Y aquí es donde entra la segunda parte del discurso, que se ha focalizado en recalcar que «suspender el Pleno no era una opción. Se equivocó, y vulneró los derechos de los concejales. Podía haber llamado al orden a la concejala, o haber detenido el Pleno y hacer un receso para decidirlo con todos los portavoces, pero no suspenderlo de forma unilateral». En este sentido, el concejal Javier García ha dejado caer que «vemos base legal para que esta decisión haya incurrido en una infracción grave del ROM, y con un posible expediente sancionador».
