MónTerrassa
El Constitucional dictamina que Huesca vulneró los derechos de Lluís Puig

El Tribunal Constitucional ha dictaminado que Huesca vulneró los derechos de Lluís Puig. El TC ha aceptado el recurso que el ex conseller de Terrassa presentó ante la imposición de una fianza de 80 mil euros relacionada con el caso de las obras de arte de Sixena. La resolución indica que el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Huesca y, posteriormente, la Audiencia Nacional, vulneraron «la presunción de inocencia» de Puig, según ha avanzado El Punt Avui, y ha confirmado la Agència Catalana de Noticies.

La fianza fue impuesta al abrir el juicio oral – el pasado 5 de diciembre de 2019- en que se acusaba el conseller de un delito de desobediencia. Los 80 mil euros correspondían a la cifra próxima a la multa que le pedía el Ayuntamiento de Villanueva de Sixena, mientras que la fiscalía pedía menos de 4 mil.

No se tuvo en cuenta la presunción de inocencia

Puig recorrió esta resolución, sin resultado. No se rindió y la llevó a la Audiencia provincial. El recurso tampoco fue aceptado. Finalmente, llevó el caso al Tribunal Constitucional, y ahora se ha sabido la resolución. A parecer del TC, la instructora “anticipa una pena que no ha sido declarada en sentencia y vulnera la presunción de inocencia del recurrente”, restringiendo de forma temporal su capacidad de disponer de sus bienes. El ex conseller alegaba que la fianza era «absolutamente improcedente», y el Constitucional le ha dado la razón.

El TC concluye que la fianza se adopta “en base a meros indicios” antes del juicio, y concluye que “supone una anticipación de pena, puesto que equipara acusado y culpable” y “avanza los efectos jurídicos de una solo eventual sentencia condenatoria”.

Por otro lado, recordamos que el terrasense tiene otro juicio pendiente. El Tribunal Supremo confirmó ahora hace unos días el procesamiento del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex conswllers al exilio Lluís Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí por el 1-O, manteniéndolos encausados por desobediencia, malversación agraviada o ambos delitos.

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