Después de tres años de espera, el pasado 17 de junio se aprobó el reglamento que desarrolla la Ley 21/2022, que crea el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Este fondo, largamente reclamado, permitirá reconocer y compensar económicamente a muchas personas afectadas por la exposición a este material tóxico, sin necesidad de pasar por un complejo y largo proceso judicial.
Además, el nuevo reglamento también reconoce el derecho a recibir una compensación económica a cargo de este fondo a las personas que han obtenido una sentencia que les reconoce una indemnización por los daños causados por el amianto que no ha podido ser ejecutada, tal y como, lamentablemente, sucede con muchos afectados y afectadas por el concurso de acreedores de URALITA. Entre otros aspectos, el reglamento define quiénes pueden recibir las indemnizaciones del Fondo. Las principales beneficiarias son:
- Víctimas con enfermedad profesional reconocida
Podrán acceder al Fondo las personas con una pensión de incapacidad permanente (en cualquier grado) reconocida por enfermedad profesional causada por exposición al amianto. Las patologías cubiertas incluyen el mesotelioma, el cáncer de pulmón, el cáncer de laringe y la asbestosis con afectación funcional moderada o severa. - Personas con sentencia firme no ejecutada
Una novedad muy relevante del reglamento es que da acceso al Fondo a las víctimas que, a pesar de tener una sentencia judicial firme que les reconoce una indemnización, no han podido cobrarla porque la empresa responsable –como Uralita o Rocalla– se encuentra en concurso de acreedores. Esta situación afecta a miles de personas que han visto cómo su derecho reconocido quedaba en papel mojado. Ahora, estas víctimas podrán recibir una compensación económica proporcional a la cantidad fijada judicialmente, con el límite de las cuantías establecidas por el reglamento. - Personas expuestas sin reconocimiento de incapacidad
También podrán recibir una compensación las personas que, aunque no tengan una pensión reconocida, hayan sido diagnosticadas de alguna de las patologías relacionadas con el amianto. Se incluyen tanto trabajadores expuestos (inscritos en el registro RETEA), como víctimas de exposición ambiental o doméstica. En el caso específico de las víctimas ambientales y domésticas, las patologías reconocidas que pueden dar derecho a una compensación económica se limitan a mesotelioma y asbestosis con repercusión funcional moderada o severa. - Familiares de víctimas fallecidas
Los hijos, cónyuges o parejas de hecho de las víctimas también pueden acceder al Fondo si la persona causante cumplía los requisitos establecidos. En determinados casos, se pueden incluir ex-cónyuges o ex-parejas de hecho si han sufrido violencia de género. Sin embargo, solo se prevé una única indemnización por víctima, y el derecho no se transmite a los herederos si el beneficiario muere sin haber presentado la solicitud.
Cuantías de las compensaciones
Las compensaciones serán únicas y a tanto alzado. El reglamento fija las cantidades según la gravedad de la enfermedad reconocida:
Mesotelioma: 96.621,24 €
Cáncer de pulmón: 64.414,16 €
Cáncer de laringe: 48.310,62 €
Asbestosis con afectación funcional moderada o severa: 32.207,08 €
Si la persona padece varias patologías, se compensará solo la de mayor gravedad. Estas cuantías son menores que las obtenidas judicialmente, pero representan un avance para garantizar compensación a muchas víctimas hasta ahora desprotegidas.
Es importante tener presente, sin embargo, que el Fondo aún no despliega todos sus efectos para determinadas categorías de personas afectadas ya que están pendientes de que las futuras Leyes de Presupuestos Generales del Estado asignen los recursos económicos necesarios. Además, la normativa fija plazos de prescripción para presentar las solicitudes que pueden variar según cada caso y que habrá que examinar individualmente.
Desde Col·lectiu Ronda seguiremos al lado de las víctimas
En Col·lectiu Ronda hemos estado siempre al lado de las víctimas del amianto. Durante décadas hemos representado a cientos de personas afectadas y hemos logrado hitos importantes como la primera sentencia del Tribunal Supremo que reconocía a las víctimas ambientales del amianto.
Ahora, con la entrada en vigor del Fondo de Compensación, nos ponemos a disposición de todas las personas afectadas para ayudarles a tramitar las solicitudes, acreditar las patologías y conseguir la compensación que les corresponde. Es una deuda moral y una exigencia de justicia.
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