La vida y la salud son derechos inalienables y, para las empresas, protegerlos es una obligación ineludible. Pero año tras año, las cifras de siniestralidad laboral reflejan una realidad aterradora: de media, cada día dos personas pierden la vida en el trabajo. Y a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer en muchos sectores para que el volumen de accidentes y muertes en el entorno laboral disminuya, es necesario seguir exigiendo medidas para corregir la situación y acabar con esta lacra. Este año, el Ministerio de Trabajo nos lo recuerda y ha declarado este 2026 como el Año de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Desde Col·lectiu Ronda esperamos que esta declaración, además de las buenas intenciones, aporte sobre todo un verdadero avance en materia (y cultura) de prevención que ayude a reducir unas cifras intolerables que hablan por sí solas. El año pasado, en el Estado español, según datos del Ministerio registrados de enero a noviembre, 686 personas murieron en el trabajo y se registraron 575.000 accidentes laborales. En Cataluña, los datos oficiales apuntan a un total de 99 personas fallecidas en el entorno laboral y 88.055 accidentes.
Y estos datos son los oficiales pero, con toda seguridad, no son los reales. Porque como hemos dicho en tantas ocasiones anteriormente, hay que recordar que muchos accidentes, defunciones, lesiones y patologías relacionadas con el trabajo a menudo no se reconocen como profesionales y se les atribuye una contingencia común. Un infradiagnóstico detrás del cual encontramos muy a menudo a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y el propio INSS, que causa grandes dificultades a las personas que lo padecen, a menudo obligándolas a acudir a los tribunales para poder acceder a las prestaciones e indemnizaciones que les corresponden. Esta circunstancia se da, incluso, cuando la enfermedad aparece en el llamado «Cuadro de enfermedades profesionales» como un riesgo específico vinculado a la profesión de la persona afectada. Según la Ley vigente, en estos casos opera una presunción automática del carácter laboral de la patología pero, lamentablemente, es muy habitual que no se reconozca el origen profesional.
Uno de los casos más paradigmáticos de este infradiagnóstico es el de los cánceres de origen laboral. En el Estado español, solo el 0,1% de las enfermedades profesionales declaradas son cánceres mientras que en otros países como Alemania este porcentaje se eleva hasta el 32%. Y la situación se agrava aún más si hablamos de mujeres. De los 106 casos de cáncer laboral reconocidos en 2025, 98 correspondían a hombres y tan solo 8 a mujeres.
Celebramos, pues, que en este año dedicado a la seguridad y salud en el trabajo, el Ministerio afirme que pondrá el énfasis en la salud y seguridad de las mujeres, combatiendo la discriminación actual, así como en cuestiones tan trascendentes como los riesgos psicosociales o los retos derivados del cambio climático. Pero no olvidemos que para conseguir cambios verdaderamente trascendentes es necesario combatir, en primer lugar, la temporalidad fraudulenta y la precariedad laboral que, tal y como ha quedado demostrado, están íntimamente ligadas al aumento de la siniestralidad, así como evitar que la sobrecarga de trabajo o los altos ritmos de trabajo impuestos continúen afectando, tal y como hoy sucede, la salud física y mental de las personas trabajadoras.
Instrumentos para combatir la lacra de la siniestralidad existen, pero se necesita voluntad para hacerlos efectivos y hacer que las empresas hagan de la salud y la seguridad de sus plantillas una prioridad, integrando las políticas de prevención en la gestión, planificando medidas, informando y revisando periódicamente el sistema preventivo, identificando los factores de riesgo, etc. Y nosotros, las personas trabajadoras, también debemos hacer de la prevención nuestra prioridad, conociendo cuáles son nuestros derechos y defendiéndolos activamente ante cualquier incumplimiento empresarial.
No basta con campañas y eslóganes. Se requiere inversión, compromiso y recursos para aumentar las inspecciones y el control, apoyar -especialmente a las pymes- en materia de prevención y dejar de negar los derechos de las personas enfermas o accidentadas como consecuencia del trabajo. El Año de la Seguridad y la Salud en el Trabajo debería servir para pasar de las promesas a los compromisos y a la responsabilidad, reducir cada vez más las cifras de siniestralidad y reconocer que la salud es un derecho y no un privilegio. En el trabajo no nos puede ir la vida.
Despacho en Terrassa
Rambla d’Egara, 111, 2º piso
T. 93 780 22 88
www.cronda.coop
