Terrassa se suma al Decálogo de propuestas para una energía pública y sostenible en Cataluña. Este miércoles, día 20 de noviembre, la teniente de alcalde de Transición Ecológica, Patricia Reche, y la representante de la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) Irene González, han presentado un documento bajo el paraguas de la Asociación de municipios para la energía pública (AMEP) -de la cual Terrassa es la presidenta- con el cual piden al nuevo Gobierno que apueste por las políticas públicas vinculadas a la transición energética e incorpore estas ideas en el nuevo plan estratégico del mandato.
«Estamos trabajando por la titularidad pública de la energía, ya que actualmente es completamente privada, a diferencia de lo que ocurre con el agua. Hemos hecho propuestas de modificaciones legislativas, porque este es el primer paso. Actualmente, un ayuntamiento puede decidir quién gestiona el agua, pero no quién gestiona la energía. Esto es una anomalía, aunque se quiera hacer ver que es la tendencia general en Europa, no es cierto», ha recalcado González.
En este sentido, Reche subraya que «los ayuntamientos deberíamos tener el derecho y el poder de poder decidir si queremos que la gestión sea desde una empresa pública de energía o desde una privada». Y ha anunciado que en el pleno municipal de diciembre se presentará una propuesta de resolución a favor de que los ayuntamientos puedan utilizar L’Energètica -empresa pública catalana- como medio propio de abastecimiento.
La entidad ya se ha reunido con el secretario de Transición Ecológica para presentarle el Decálogo, y se han emplazado a seguir hablando en un próximo encuentro. Paralelamente, hay negociaciones con los partidos con representación en el Congreso de los Diputados para avanzar en la titularidad pública de la red suministradora eléctrica.
El Decálogo de propuestas hacia la transición energética
- Tramitar definitivamente la Ley de Transición Energética para disponer de una planificación estratégica del modelo energético de Cataluña, incorporando la participación ciudadana.
- Plan Territorial Sectorial para el Desarrollo de las Energías Renovables. Es imprescindible para garantizar un despliegue justo y planificado de las energías renovables.
- L’Energètica. Es necesario dotar a la empresa pública de un presupuesto extraordinario y de un marco normativo sólido que ofrezca oportunidades para el desarrollo público de la energía renovable.
- La Mesa del Diálogo Social de las Renovables. Las estructuras de participación deben tener un carácter permanente, claro y accesible a todos los sectores de la sociedad.
- La titularidad pública de la red de distribución de electricidad. La falta de competencias de control público ha provocado deficiencias en el mantenimiento e inversiones escasas e inadecuadas.
- El autoconsumo y las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas promueven la democratización del sistema energético, y el autoconsumo compartido es un elemento claro. Es necesario presionar y trabajar para modificar la regulación estatal, con el fin de eliminar las barreras que retrasan este proceso.
- El almacenamiento y la recuperación de centrales hidroeléctricas. Es momento de revisar las concesiones ilegítimas y recuperar el control público de las hidroeléctricas, facilitándolo con cesión de tejados, apoyo económico y eliminando barreras.
- La pobreza energética. En 2021, el gobierno firmó un convenio con una gran compañía para asumir la deuda de más de 35.000 hogares vulnerables. Es necesario ampliar este convenio a otras compañías y reforzar la Oficina de Pobreza Energética.
- La rehabilitación energética de edificios. La rehabilitación energética de edificios es esencial. El 60% datan de antes de 1980 y es necesario mejorar su eficiencia, priorizando los hogares más vulnerabilizados.
- El impulso del hidrógeno y el biogás. Es necesario impulsar un debate público sobre las actividades y sectores donde serán necesarios y qué magnitud para hacer un uso selectivo y adecuado.
