La patronal Cecot quiere poner fin a la pérdida de competitividad de 4.500 industrias de Catalunya y en todo el Estado por sobre costes eléctricos en Alta Tensión. La patronal ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al Gobierno español y a los partidos del Congreso, resolver definitivamente este agravio.
La entidad ha solicitado a la CNMC «que considere promover los mecanismos que estén en su mano porque las redes eléctricas que hoy en día están dentro de la tarifa 6.1TD pasen lo antes posible a la tarifa 6.2TD, asegurando así que las empresas afectadas puedan competir en el mercado en igualdad de oportunidades», ha expuesto la patronal en un comunicado.
“Los sobre costes en el caso de las más de 3.200 industrias catalanas afectadas suponen 200 millones de euros en el año”, concreta el director de la Oficina por la Transición Energética de la Cecot, Josep Casas. Recuerda que “en 2015 ya denunciamos estos sobre costes mediante la Plataforma kV25/30 […] unos sobre costes que no eran, ni continúan siendo imputables a criterios técnicos ni a eficiencia de la red y menguan la competitividad de nuestras industrias”.
Un pacto que dejó afuera 4.500 empresas
Esta problemática se generó a raiz que los peajes de acceso en la red de 25kV -y en este momento también los de las redes hasta 35kV- son más caros que los de las redes de 36kV, lo cual representa un sobre coste energético para las empresas conectadas a la red de 25kV respecto a las que se pueden conectar en una red de 36Kv.
Un pacto entre el presidente Mariano Rajoy y el presidente de EBB, Andoni Ortuzar, en 2017 por los Presupuestos Generales del Estado generó un nuevo tramo en la tarifa eléctrica que «benefició las empresas en 30kV y 36kV, la mayoría de ellas ubicadas en el País Vasco dejando 4.500 industrias con sobre costes», explican. Así pues, el pacto dejaba fuera además de 4.500 empresas en España, más de 3.200 empresas en el caso de Cataluña, con tarifa 6.1A (de menos de 30kV).
La decisión de no englobar en este acuerdo a las empresas que estaban en redes inferiores a 30kV, suponía un sobre coste aproximado de 200 millones de euros en el año para las 3.200 empresas catalanas «sin que este respondiera a criterios técnicos, ni de eficiencia de la red, sino a criterios políticos».
El agravio por sobre costes energéticos se mantiene años después
La patronal denuncia que, incluido con la nueva estructura tarifaria de junio de 2021 y el cambio de nomenclatura de tarifas -«la 6.1A es ahora 6.1TD y la 6.2 es ahora la 6.2TD»- el agravio se mantiene.
