Salut prepara una ley para castigar más duramente la violencia contra los sanitarios. En poco tiempo, solo en Terrassa se han registrado hasta tres agresiones físicas y/o verbales graves contra profesionales de los equipamientos sanitarios de la ciudad. La última fue justamente el sábado pasado, cuando el acompañante de una paciente asaltó a trabajadores de la planta 4 del Hospital Universitari de Terrassa. Los hechos fueron denunciados por el comité de empresa que hizo un llamado a condenar el incidente y a volver a reclamar medidas para proteger más y mejor al personal.
Desde el CST anunciaron que este mes de diciembre se ponía en marcha la figura del Referente de Bienestar Profesional y Tolerancia Cero para impulsar las acciones de protección para los trabajadores del centro. Esta iniciativa cuenta con el apoyo explícito de la Región Sanitaria Barcelona Metropolitana Norte y el Departamento de Salut, que este jueves, día 4 de diciembre, ha dado a conocer su propio plan de “Tolerancia cero contra la violencia a los profesionales sanitarios”.
El documento pone por escrito diversas actuaciones que se harán o ya se están haciendo contra esta lacra, que todos han reconocido que ha ido en aumento en los últimos años. De hecho, Salut estima que el año pasado se produjeron más de 2.000 situaciones de violencia contra profesionales del sistema sanitario catalán, de las cuales la mayoría (un 76%) fueron en centros de atención primaria y extrahospitalaria, especialmente en las consultas o en los puntos de admisión/información. Las mujeres son las principales víctimas de los ataques (73%) y en la mayoría de los casos el protagonista era un paciente/usuario (77%).
Ataque físico, verbal o daños materiales
Las reclamaciones desde los sindicatos sanitarios siempre han ido encaminadas a mejorar la protección de los profesionales pero también a incrementar el castigo hacia los agresores, ya que consideran que no se hace justicia en estos casos. Desde Salut han tomado la proclama como suya, y por eso, han anunciado que ya se está avanzando en un proyecto de ley que incorpore sanciones administrativas de carácter económico para aquellos que ejerzan cualquier tipo de violencia contra los profesionales. Hasta ahora esto no es posible, porque no se dispone de un marco legal que permita dotar al sistema de un mecanismo sancionador específico en estos casos. La consulta previa está prevista para el primer trimestre del 2026.
En este sentido, si bien cuando se habla de violencia todos lo asocian a un ataque físico, desde Salut apuntan que la Ley y la campaña que se ha iniciado para concienciar a la ciudadanía, incluye en este paquete comportamientos como «levantar la voz, intimidar o insultar a los profesionales, sea presencialmente o por redes sociales». También se castigará «agredir o causar daños materiales dentro o fuera de los centros sanitarios».
Un registro de casos y pauta de actuación
Esta no es la única medida que se pone en marcha. Desde el Observatorio para Situaciones de Violencia en el Ámbito Sanitario de Cataluña (OSVASC) (que reúne instituciones, sindicatos, patronales, entidades y colegios profesionales), uno de los retos principales que tienen es «impulsar y consolidar el Registro de casos de violencia a los profesionales de la salud para identificar de manera más precisa tanto los factores que pueden desencadenar estas situaciones como las circunstancias en que se producen». Se clasifican en tres categorías: física, no física y daños a bienes materiales. Actualmente, el registro ya funciona en 45 entidades sanitarias (que reúnen unos 400 centros asistenciales) y a partir de enero próximo habrá datos de los centros del ICS. El resto, se hará a lo largo del 2026, incluidos los centros privados.
Multas y registro. Pero también se ha acordado, en coordinación con Interior y Mossos d’Esquadra, una pauta de actuación para cuando se detectan situaciones de violencia al personal sanitario, y de apoyo en la gestión de estas situaciones en los centros, por ejemplo, a la hora de tramitar denuncias. En paralelo, desde el OSVAC se está trabajando en protocolos de actuación consensuados entre todos los centros y servicios asistenciales, enfocadas tanto a la prevención como a la revisión de los planes de actuación.
