El Síndic Municipal de Greuges de Terrassa ha presentado una actuación de oficio al Ayuntamiento de Terrassa ante las quejas recibidas de familias usuarias de la Escuela Municipal de Música – Conservatorio de Terrassa. El común denominador de todas ellas es la aplicación del sistema de tarifación social previsto en la Ordenanza Fiscal 3.25. Respecto a la motivación que le ha llevado a hacer esta petición a la administración pública, El Mustapha Ben El Fassi indica que «aunque la tarifación social tiene como objetivo favorecer el acceso al servicio público en función de la capacidad económica familiar, su aplicación actual genera efectos contrarios a la finalidad de equidad e inclusión que la justifica».
Por eso, recomienda al gobierno municipal, por un lado, «revisar» la ordenanza fiscal, con la voluntad de lograr una mejora en «la proporcionalidad entre tramos y ajustar la tarifación a la realidad económica de las familias». Y por otro lado, reclama fomentar la participación ciudadana «durante el período de exposición pública de treinta días, impulsando canales activos de comunicación y difusión para facilitar que las familias usuarias puedan presentar alegaciones y propuestas de mejora de manera informada».
En este sentido, el Síndic asegura que está a disposición del Consistorio para colaborar en el proceso de revisión, para ofrecer asesoramiento y seguimiento para garantizar que el sistema cumpla la finalidad que requiere: equidad, inclusión e igualdad de oportunidades en el acceso a la educación musical pública.
Vulneración del derecho al acceso a educación musical en igualdad
El Fassi explica que en los últimos meses ha recogido un «volumen significativo» de quejas de las familias, las cuales exponen la dificultad que tienen para afrontar las cuotas. Aseguran que estas «no reflejan adecuadamente la situación real» de una renta media o moderada, y que hay un desajuste acusado entre tramos, generando una «penalización injustificada». Además, lo comparan con otros servicios equivalentes en poblaciones vecinas (Sabadell, Rubí o Sant Cugat), y sentencian que aquí las cuotas son «significativamente más altas».
La intervención del Síndic también viene motivada por las consecuencias que estas cuotas «elevadas» pueden conllevar: «un riesgo de vulneración del derecho de los niños a acceder a la educación musical en igualdad», ya que muchas familias se plantean sacrificar esta actividad. El defensor del ciudadano recuerda a la administración local que la tarifación social es una herramienta efectiva si se aplica de forma equitativa, y aunque está de acuerdo en que parte de un principio legítimo, «puede estar produciendo efectos no deseados en términos de justicia distributiva y de acceso igualitario al servicio público», especialmente para las familias en franjas de renta intermedia que no cumplen los requisitos para recibir bonificaciones, pero tampoco disponen de margen económico para afrontar cuotas altas.
